Un "expediente" contra las Farc es una de las armas de la diplomacia colombiana para desenmascarar al grupo guerrillero en el exterior, mantenerle la calificación de terroristas y cerrarle espacios en el extranjero.
El último hecho consignado en ese expediente que contiene más de un centenar de denuncias fue el ataque de las Farc a una misión humanitaria en San Vicente del Caguán, el pasado 6 de diciembre. Allí murieron un sicólogo del Icbf y el conductor del vehículo destruido por una carga explosiva detonada a su paso.
El Gobierno repudió la agresión, y ordenó a la Cancillería denunciar el "atentado terrorista" ante la OEA y organismos internacionales de Derechos Humanos.
La denuncia fue entregada el jueves al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, por parte del embajador de Colombia ante ese organismo, Camilo Ospina Bernal.
Pero el escenario más esperado para denunciar el atentado será la sesión del Consejo Permanente de la OEA el próximo miércoles en Washington. Allí el diplomático expondrá el caso a los embajadores de 35 países.
El texto de la denuncia, además de documentar el ataque y calificarlo como un crimen de lesa humanidad, solicita a la "OEA y a sus Estados miembros rechazar estos actos terroristas que son muestra de un constante desprecio por los Derechos Humanos y colaborar en el marco de los tratados y acuerdos vigentes para la captura y juzgamiento de estos terroristas".
Ofensiva internacional
Para Camilo Ospina, quien ha sido uno de los encargados de liderar la ofensiva diplomática del Gobierno contra las Farc, esta denuncia no es un saludo a la bandera sin consecuencias jurídicas ni políticas.
"No buscamos declaraciones a corto plazo que no trasciendan, sino dejar constancia histórica, a manera de expediente y demostrar por qué las Farc son terroristas y un peligro para el continente. El objetivo es bloquear a las Farc en el mundo, que los países las persigan y les cierren espacios políticos", aseguró el embajador a este diario.
En 2003 Colombia había hecho una denuncia similar luego de que una mujer en trabajo de parto, y dos personas más que viajaban en una ambulancia, murieran por la detonación de una bomba puesta por las Farc en el puente La Dantica, vía San Carlos-San Rafael, Antioquia.
La estrategia sí sirve
Ospina Bernal agregó que el Estado colombiano ha ganado terreno en esta ofensiva, por lo que las Farc perdieron "espacios políticos en países como Brasil, Argentina, Paraguay, México, España y otros países de la Unión Europea".
Por eso los insurgentes ya no participan en seminarios, foros y universidades en otros países como antes.
El diplomático reconoce que en el pasado se minimizó el trabajo de la guerrilla en el exterior, y logró mostrarse como un grupo revolucionario con ideología política. "Antes se manejaba solo la agenda positiva, no se hablaba de nuestros problemas internos. Cambiamos esa postura para evidenciar que tenemos amenazas como las Farc y hoy son rechazadas".
A ese "expediente" contra las Farc se sumaron este año el atentado en Ituango y en Cali contra la Policía. Otro de la larga lista fue el ataque con carrobomba contra el Club El Nogal y la siembra de minas.
"Demanda bien hecha"
En opinión del ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, demandar atentados como el ataque en San Vicente es efectivo si la denuncia es bien hecha. "Primero que la presenten ante los organismos que son, porque a veces se anuncian, pero no se ejecutan. La denuncia deslegitima más a la guerrilla, aunque ésta ha sido sorda porque dice que se rige por propias normas".
Según Ramírez Ocampo, sí hay posibilidad de acciones jurídicas. "Los crímenes de guerra en Colombia están bajo reserva hasta noviembre de 2009 y por eso las Farc creen que no están obligadas a cumplir con el Derecho Internacional Humanitario. Pero cuando hay un grupo armado que enfrenta a un Estado tiene que respetar el DIH, si no incurre en delitos de lesa humanidad que pueden ser judicializados por el Tribunal Penal Internacional".
En el mismo sentido el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, indicó que además de la OEA se estudian otras instancias con poder de decisión, más allá de declaraciones de rechazo. "Analizamos el alcance de estas denuncias, como ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pues en cada organismo hay implicaciones jurídicas".
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