En el último episodio que involucra al suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, el Comité de Ética de su partido, el Polo Democrático Alternativo, decidió suspenderlo también por tres meses y, prorrogables por otro tanto, mientras concluye la investigación en su contra.
A través de un comunicado, el Polo reiteró a Moreno Rojas “la necesidad de de presentar la renuncia a su cargo, asumiendo las responsabilidades políticas y legales que le corresponden”.
Alcaldesa encargada
El presidente Juan Manuel Santos designó temporalmente a la actual ministra de Educación, María Fernanda Campo, como la alcaldesa encargada de Bogotá, después que el alcalde Samuel Moreno Rojas fuera suspendido tres meses por la Procuraduría.
A su vez, el Presidente le solicitó a la Dirección Nacional del Polo Democrático presentarle una terna de posibles elegibles para reemplazar al suspendido burgomaestre.
Por su parte, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, abogado de Moreno Rojas, confirmó que instaurará una acción de tutela para frenar la decisión de la Procuraduría, al considerar que al Alcalde "se le han vulnerado sus derechos".
Concejales de Bogotá, el Polo Democrático y congresistas le pidieron al burgomaestre que dejara su cargo.
Sin embargo, Moreno Rojas aseguró que no renunciará a la Alcaldía: "el Procurador me imputa cargos que no están relacionados con mis funciones como Alcalde", dijo.
Auto de Procuraduría
Según la Procuraduría, el alcalde Samuel Moreno incurrió en la omisión de su función constitucional y legal de cumplir con la construcción de obras a cargo del Distrito.
"Aquí hay altas probabilidades de que el funcionario investigado haya incurrido en faltas disciplinarias", dijo el jefe del Ministerio Público quien señaló que los cargos elevados están relacionados con "faltas graves cometidas a titulo de dolo por presuntas omisiones del señor Alcalde a su deber de asegurar, en debida forma, la construcción de las obras a cargo del distrito capital".
En el auto de la Procuraduría se puntualiza además en que Moreno Rojas pudo haber incurrido en una presunta omisión en el deber de asegurar las obras de la fase III de Transmilenio. De la misma manera el auto hizo referencia a la falta de estudios y al incumplimiento de la fecha de terminación prevista para dicho proyecto, a lo que se suman las irregularidades en la suscripción de contratos.
Al explicar su decisión Ordóñez Maldonado hizo referencia puntual a los atrasos que se han registrado desde mediados de 2009 en las obras y manifestó que "solamente hasta enero de 2010 se tomaron decisiones". A esto el Procurador agregó que se presentaron recortes en las construcciones y altos costos por adiciones en las mismas. El segundo cargo tiene que ver con la presunta omisión en el deber de asegurar las obras, en debida forma, de los contratos de la malla vial donde se presentaron "significativos" atrasos en dos contratos de 2007 y 2008.
"Luego de un cuidadoso dictamen pericial, en ambos contratos existen atrasos que superan el 50 por ciento, lo que significa triplicar el trabajo para poder cumplir con el cronograma de la obra", precisó el jefe del Ministerio Público. El tercer y último cargo está relacionado con su presunta omisión (de Samuel Moreno) en el deber de asegurar también la construcción de obras, en debida forma, en seis contratos de valorización a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), obras que tienen atrasos y irregularidades en los anticipos y en el cumplimiento del proyecto.
"En alguno de ellos, pese a que se firmaron en 2009, hasta la fecha no existe ejecución alguna", manifestó el Procurador General.
