No es necesario decirlo con megáfono: Bogotá va mal y el Alcalde Gustavo Petro parece no querer reconocerlo.
O peor aún, tratar a quienes se atreven a decírselo como enemigos y conspiradores es tan temerario como su proceder.
No es la primera vez que el Alcalde Petro monta un tinglado populista para venderse como víctima del "Establecimiento". Y no será la última vez que lo haga. Solo que no sabemos cómo será la próxima. La del pasado miércoles es desalentadora y debe causar preocupación por lo que puede implicar en el futuro de la ciudad.
"Atrincherarse" en una entidad oficial como lo es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) y con megáfono en mano incentivar la protesta ante el legítimo derecho de la Superintendencia de Industria y Comercio de ejercer inspección y vigilancia sobre la entidad, no es, precisamente, el comportamiento de un funcionario que ha jurado respetar la Constitución y las Leyes.
Razón tienen quienes advertían que manejar una ciudad como Bogotá no es lo mismo que sentarse en una curul y echarse un discurso de dos horas en el Congreso, sin tener que rendir cuentas después.
Esa rápida metamorfosis del acucioso senador convertido en Alcalde está haciendo estragos, no sólo dentro de la administración del Distrito, sino en todos los bogotanos.
Petro olvida que por más que exista un Estatuto Orgánico de Bogotá, las entidades del Distrito son públicas y como tales están sujetas a los controles y vigilancia de los organismos del Estado, que, por razones de conveniencia política, el Alcalde quiere etiquetar como meras mandaderas del Gobierno nacional.
El nombramiento de Gina Parody como Alta Consejera Presidencial para Bogotá es un hecho político, sin duda, pero no por eso puede afirmarse que hace parte de un complot contra el Alcalde.
Ni más faltaba. Por el contrario, creemos que esa figura, que se ha aplicado en otras ciudades del país, es una buena oportunidad de trabajo en equipo para sumar esfuerzos y encontrar soluciones a los múltiples problemas urbanos.
Y vaya que lo son, por ejemplo para Bogotá, los temas de movilidad, seguridad y servicios públicos.
Los dos primeros se han venido enfrentando con la mutua colaboración entre Gobierno Central y Distrito, pero no resulta razonable que el de las basuras haya desatado un "atrincheramiento" tan radical del Alcalde Petro.
El contrato con los privados para la recolección de los residuos sólidos en la ciudad fue renovado hace casi seis meses por el propio mandatario distrital, pero de un momento a otro, con altas dosis de improvisación, decidió colgarle al Acueducto otra misión, la de recoger basuras, y poner a Bogotá en un escenario poco saludable.
Esta es la hora que nadie sabe, y presumimos que ni el propio Alcalde lo tiene claro, cómo es que en escasos 25 días se va a realizar la recolección de 7.000 toneladas de basuras sin tener los carros para ello y, sobre todo, sin que la EAAB tenga la experiencia para evitar el colapso.
No es hora de leguleyadas.
Suficiente ha tenido Bogotá con los recientes problemas de movilidad que dejaron las fraudulentas contrataciones de obras para el transporte masivo, así como hace años la liquidación de la Empresa Distrital de Servicios (Edis), que Petro quiere revivir, quebró la ciudad.
El Alcalde tiene derecho a pedir respeto por sus decisiones y a invocar las instancias pertinentes para lograrlo, pero también la obligación de cumplir las leyes, esas que entregan facultades al Gobierno nacional para preservar el interés general, y otorgan a los ciudadanos mecanismos democráticos para revocar mandatos. Ojalá Bogotá no las necesite, o Petro no obligue a pedirlas con megáfono.
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