¿Qué va a hacer este Gobierno para enmendar el deplorable estado de las vías de comunicación, cuando el país sueña con aprovechar los atractivos que ofrece la internacionalización de la economía?
¿Acaso no constituye una frustración, para ser modernos y competitivos, las lamentables carreteras, los cicateros recursos estatales para renovarlas y las persistentes improvisaciones para adjudicar los contratos?
Asfixiados por tantos agujeros negros que taponan la ética contractual por parte de "fuerzas paralelas, con capacidad de arrodillar al Estado, que afectan el interés público en beneficio de intereses particulares", según denuncia de la Contralora Sandra Morelli, es bien difícil imprimirle eficiencia y honradez a la política de infraestructura vial.
Eso de que solo el 20% de los 140 mil kilómetros de carreteras esté pavimentado es la confirmación de que el sistema de trochas sigue siendo el factor común del sistema vial colombiano. Y que solo 1.000 kilómetros conformen la red de dobles calzadas es para sentarse a llorar.
Si en tres años -los que le faltan a Santos quizá para emprender una reelección- el país no tiene 3.000 kilómetros de dobles calzadas, "el tráfico interurbano podría colapsar". Es decir, estamos al borde del abismo para desnucar nuestras perspectivas de sustituir lo desueto.
El balance entonces no puede ser peor. En calidad de vías estamos por debajo de Ecuador y Perú. Casi a la par con Bolivia. Con el agravante de que recuperar el tiempo perdido no será fácil, por cuanto la participación de la inversión en infraestructura de comunicación está por debajo del 1%, cuando el BID señala que deberíamos situarnos por el orden del 8% del PIB. Algún ingenuo dirá que todas estas cifras frustrantes se erradicarán con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Pero, ¿habrá quién crea en su riguroso cumplimiento?
El panorama no es claro. Se requieren dineros y esfuerzos para poner al día el plan vial. Pero será una tarea dispendiosa con un déficit fiscal de 20 billones de pesos y unos gastos anuales para atender el conflicto armado interno de 5 billones de pesos, según cálculos del Ministro de Hacienda.
Pareciera entonces que estuviéramos diseñados y condenados a más guerra, y no a trazar caminos de paz que nos comuniquen con el mundo exterior, exigente y competitivo.
Pero con la indolencia de los gobiernos para entrar de lleno en la modernidad vial, se suma la corrupción. Los carruseles que se mueven en las obras públicas acaban de triturar los aun cicateros presupuestos para sacar al país de las viejas trochas y caminos de herraduras por donde circulaban los arrieros y los colonizadores. Esos carruseles impunes parecen unos casinos en donde muchos juegan y pocos ganan. Con la diferencia que aquí ganan los avivatos y pierde el contribuyente colombiano.
El país tiene un inventario muy bien surtido de descalabros en la contratación pública. Factores humanos, geológicos, éticos, normativos, copan el mosaico de la improvisación y la alcahuetería nacional. Y el mismo invierno aparece en escena para hacer más confuso y caótico el teatro de los acontecimientos del sistema vial colombiano.
Mientras tanto, sigamos soñando con los TLC, con la Apec y demás foros y mercados que ofrece el mundo civilizado para ser capitalizado por las naciones que han logrado modernizar carreteras, puertos, ferrocarriles, aprovechando mares y ríos para navegar hacia el progreso. Aquí, con la negligencia, la corrupción, la imprevisión, seguimos constatando que es más barato traer un contenedor de la China a Buenaventura que movilizarlo de este puerto hacia Bogotá. Es el extraño mundo de Subuso.
P.D.: Antes se decía que encontrar un buen ministro de Hacienda era muy difícil. Hoy se asegura que hallar un eficaz ministro de Transporte es casi un imposible.
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