Ha pensado qué haría si le tocara compartir un solo baño con 500 personas? o ¿tener que dormir en un corredor con 200 personas?
Por esas y otras dificultades atraviesan los internos de algunos de los centros de reclusión donde el hacinamiento y la falta de asistencia médica se unen a la lentitud en el sistema de justicia que, en parte, se satura por la costumbre de legislar sobre todo.
Según ha denunciado el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, una de las causas del hacinamiento, tiene que ver con la entrada en vigencia de la ley de Seguridad Ciudadana que aumentó las penas, los delitos y, por lo tanto, el número de reclusos. Al punto que, según lo reconoce la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, el hacinamiento está llegando al 200 por ciento en algunos centros de reclusión.
Aumentan las leyes
Para el abogado penalista de la UPB, Andrés Felipe Duque, parte de la crisis carcelaria se debe a que aunque el derecho penal “se debe entender como un instrumento de última opción, en Colombia sucede lo contrario. La clase política y los dirigentes lo utilizan como el primer medio de coacción y cohesión social”.
Esta visión coincide con la del vocero de Cambio Radical en el Senado, Carlos Fernando Motoa, quien además de pedir la renuncia de Ricaurte por “no llevar el tema a la agenda nacional” hizo un llamado al Congreso, al Ejecutivo y a las altas cortes para que antes de pensar en la tipificación de nuevos delitos se busque una solución a la crisis carcelaria.
Según Motoa, en el Congreso hacen trámite ocho proyectos que podrían incrementar los delitos y algunas penas, lo que podría aumentar el número de internos.
Para el abogado Duque, hay que tener en cuenta dos aspectos claves como son la formulación de política criminal del Estado, en la que juega un papel importante la prevención para no tener que hacer énfasis en la reacción. Y la otra es que la función penitenciaria en Colombia debe buscar la resocialización, eso en la práctica no se da.
El senador del movimiento Mira, Carlos Alberto Baena, dijo que esta es una crisis humanitaria que no se alcanza a dimensionar. Es “una especie de incubadora” de problemas de salud y convivencia.
De ahí, la convocatoria a un debate en el Senado al que serán citados las ministras de Justicia, Ruth Stella Correa, y de Salud, Beatriz Londoño; la contralora Sandra Morelli y el Director del Inpec.
Aunque no hay fecha, Baena espera que sea pronto porque la situación lo amerita: hay problemas de desnutrición porque la gente prefiere no comer y eso es algo que no se visibiliza; los problemas de salud con Caprecom son muy graves. Además, las familias también corren riesgo, porque con el hacinamiento hay enfermedades que pueden contraer durante las visitas.
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