Uno de los más controvertidos decretos expedidos en el marco de la Emergencia Social podría quedar sin piso tras un anuncio del ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt.
El funcionario indicó que extenderá una petición al Congreso de la República para que derogue el Decreto 128, con el cual se comprometían las cesantías de los trabajadores para el copago de algunos servicios de salud.
El principio del fin para este polémico decreto se gestó esta semana, cuando el presidente Álvaro Uribe, al pedirle al legislativo que revise las medidas "con un criterio muy positivo", indicó que estaba dispuesto a aceptar que el Congreso lo derogara, con tal de que se salvara el resto de la reforma.
Desde el fin de semana pasado y en medio de la jornada de protesta en todo el país, el mandatario había manifestado inconformidad con la redacción de los decretos. Luego, redefinió que el uso de las cesantías para este fin sería exclusivo de los estratos 5 y 6.
Apoyo de los gremios
Horas antes al anuncio del Ministro de Protección, el Consejo Gremial Nacional expresó su respaldo a la Emergencia Social decretada por el Gobierno para contener la crisis del sistema de salud colombiano.
El Consejo, que representa al sector privado del país, indicó que se entiende que la principal motivación para decretar la emergencia ha sido la de producir la vinculación de más colombianos al Sistema de Salud en condiciones de igualdad.
"Para ello, es necesario garantizar la viabilidad financiera del sistema, dadas las nuevas condiciones de afiliación", señaló el organismo.
Afirmó que pese a que los recursos destinados a la salud son significativos, éstos no fluyen con la transparencia y la celeridad requerida. "Por ello, el objetivo que persigue la emergencia de mejorar los trámites para incrementar la liquidez, reformando la velocidad de los giros a los agentes y operadores del sistema y hacer viable los procesos de cobro de deudas anteriores a la expedición de la medida, es positivo. Con esta habrá mejoras sustanciales en el sistema de pagos".
Los gremios económicos condicionaron este apoyo a que el mejoramiento en la calidad y el servicio de la salud para los usuarios estén garantizados. "Con la actualización y unificación del POS, serán los colombianos de menores ingresos quienes se beneficiarán de la mejoría en la calidad y oportunidad de los servicios, debido a que serán tratados en condiciones de igualdad".
De otro lado, la Superintendencia Nacional de Salud informó el inicio de 21 requerimientos a unas EPS de los regímenes contributivo, subsidiado y exceptuado. "Desde el sábado 6 al miércoles 10 de febrero la Superintendencia recibió alrededor de 2.000 llamadas de la ciudadanía, de las cuales 90 fueron reclamos por presunta negación en la prestación y atención de los servicios de salud", indicó esa entidad.
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