Las diligencias de la Contraloría General de la República contra 21 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), han hecho que la Sala Disciplinaria y la Sala Administrativa, choquen frente al tema.
"Están siendo investigados 21 magistrados. De esos, 17 son de la Sala Disciplinaria y cuatro son de la Sala Administrativa", indicó el Presidente de la Sala Administrativa del CSJ, Néstor Raúl Correa.
Y añadió que las investigaciones surgen por haber nombrado como magistrados auxiliares a funcionarios "por una 'palomita' breve en el cargo, y así a ser pensionados con rango de magistrado, que es un régimen especial de la Rama. Es decir, con el sueldo más alto del último año. Entonces por ejemplo un juez que se ganaba cuatro millones, pasaba a tener una pensión de 13 millones."
En esa situación hay 69 beneficiarios en la investigación de la Contraloría. Con el agravante que sólo tres magistrados de la Sala Disciplinaria juntos tienen 30 pensionados o beneficiarios.
"En primer lugar, la campeona es Julia Emma Garzón con 16 nombramientos, en segundo lugar Henry Villarraga con ocho nombramientos y en tercer lugar Ovidio Claros con seis nombramientos", subrayó Correa.
Ante este panorama, la Sala Disciplinaria del CSJ, emitió un comunicado donde sus siete magistrados manifiestan que están en completa disposición para responder por todos sus actos ante las autoridades competentes.
Pero que todas sus actuaciones en la designación de magistrados auxiliares, fueron hechas conforme con el ordenamiento jurídico y no han desconocido ninguna norma de ética pública, fiscal o penal.
La respuesta del Gobierno
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, sostuvo que su "posición es la que tenía el Gobierno al comienzo: yo pienso que el Consejo de la Judicatura ha resultado, lo digo con todo respeto, inferior a las expectativas, inferior a lo que se creyó y a lo que se concibió en la Asamblea Nacional Constituyente". E indicó, que será el Congreso de la República el que defina la suerte del Consejo Superior de la Judicatura dentro del debate al proyecto de reforma constitucional a la justicia que cursa en el Parlamento.
Igualmente, instó a que se emita una explicación de lo sucedido por el CSJ pues "los síntomas que hay detrás, son ciertamente muy preocupantes".
Y finalmente admitió, que la idea original se ha visto desvirtuada por la actual situación del CSJ.
"Salvo en algunos momentos, sobretodo en sus épocas iniciales y respecto de algunos casos, está en deuda con el país", resaltó Esguerra.
Aún no ha pasado nada
Todavía no se ha abierto proceso fiscal a ninguno de los magistrados, sino que se trata de una indagación preliminar sobre el tema pensional, en virtud de una auditoría.
Sólo hay un pronunciamiento de que hay suficientes pruebas por parte de la Unidad de Auditoría de la Contraloría para iniciar una investigación.
Es un procedimiento que se puede demorar aproximadamente un año. Sin embargo, la normatividad pertinente indica que hay un término de preclusión de cinco años, entonces lo convencional es que el trámite pueda durar tres o cuatro años.
Al respecto, Camilo Arango, experto en responsabilidad fiscal de la Universidad Pontificia Bolivariana, indicó que no va a haber "ningún resultado, porque ellos simplemente son beneficiarios y su actuar no tuvo una relación directa con el beneficio que recibieron".
Y agregó, "puede que haya un daño material, pero no hay sujeto a quién se le pueda imputar, porque acá estamos hablando simplemente de unos magistrados que son beneficiarios de unas interpretaciones jurisprudenciales".
Además indicó que este tema lo que realmente va a generar es un compromiso de la sociedad para que en seis meses que se va a debatir la reforma pensional en Colombia, la sociedad esté pendiente de darle "dientes" a esos regímenes especiales y modificarlos.
Pero no va a tener ninguna consecuencia porque esta responsabilidad de la Contraloría es personal y requiere que haya una relación directa del actuar del funcionario con el daño al patrimonio del Estado, y en el caso de los magistrados lo que sucede es un uso de unas normas que les son favorables y por lo cual no se les puede imputar ningún cargo.
"Entonces yo creo que esto simplemente es un saludo a la bandera que evidencia falencias", subrayó Arango.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
