Desde el pasado 16 de septiembre, cuando se notificó, la empresa de telecomunicaciones Claro, antes Comcel, inició los estudios para interponer los recursos contra la multa que por 87.749 millones de pesos, que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
En la Resolución 53403 de la SIC se señala que la filial de la multinacional mexicana América Móvil, incurrió "en abuso de su posición dominante por obstruir a terceros el acceso a los canales de comercialización", al bloquear las bandas de los equipos móviles, lo que a juicio del despacho fue una conducta indebida por la que se ordenó una sanción pecuniaria de 53.909 millones de pesos.
Adicionalmente, se impuso una multa por valor de 33.840 millones de pesos porque, según la SIC, el operador móvil cometió conductas "relacionadas con el abultamiento de cifras de portabilidad numérica móvil".
Tras conocer la determinación, a comienzos de septiembre, la compañía cuestionó que "¿por 8 casos de un total de 10 millones de equipos que comercializa la empresa por año, supuestamente la SIC declara el abuso de posición de dominio e impone una multa por 53.000 millones de pesos, o aproximadamente 7.000 millones de pesos por caso?".
Dentro de esta investigación la SIC exoneró de multa a Claro por no haber entregado a sus usuarios el Número de Identificación Personal (NIP) al pretender realizar el trámite de portabilidad numérica, "por no constituir una práctica restrictiva". Sin embargo, el proceso está abierto para verificar si la conducta podría configurar una violación a derechos de los consumidores.
La Delegatura para la Protección de la Competencia también evalúa si hay mérito para iniciar una averiguación preliminar contra el presidente de Claro, Juan Carlos Archila Cabal, "en el sentido de haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las infracciones que se sancionan", dijo la SIC.
Aunque la sanción se considera histórica en Colombia, hace poco el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, manifestó que la cifra es modesta frente a las que se aplican en otros países.
"El sector de telecomunicaciones es muy sancionado por el tema de violación a los derechos de los consumidores. En 2011 impusimos sanciones por 27.000 millones de pesos, en 2012 por 22.000 millones", precisó el funcionario.
Pero las multas que pesan sobre Claro son mucho más abultadas. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante un edicto multó con 5.200 millones de pesos a la empresa, debido al número de llamadas caídas de la red en los departamentos de Guainía y Vaupés.
Otra multa que tiene pendiente Claro corresponde al pleito con la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), con la que desde 2012 están en un tire y afloje por el cobro de unos laudos arbitrales.
Lo más reciente sobre este proceso tiene que ver con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que impuso una medida cautelar por 300.000 millones de pesos a favor de la ETB.
De este modo, la firma del magnate Carlos Slim, que el año pasado reportó ingresos de 7,74 billones de pesos en Colombia, acumula multas por 392.949 millones de pesos, lo que representa el 5,07 por ciento de los ingresos totales anuales de la compañía, sin contar con los ingresos que tiene a nivel internacional, por lo que se podría pensar que la plata no es problema.
Para algunos expertos, culpable o inocente, la compañía deberá asumir un nivel de impacto. Carlos Rodríguez, especialista de empresas de la Universidad Nacional señaló que "la organización queda golpeada porque cada vez que se publican noticias de este tipo quedan en el imaginario de la gente y van a tener el concepto de que la empresa no está obrando de acuerdo a la legislación colombiana".
Germán Nova, profesor de economía de la Universidad Nacional, sostuvo que "estas multas, que vienen de las autoridades, lo que quieren es impedir la concentración del poder en una sola empresa".
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