L a polémica que se generó por el artículo del proyecto de Código Penitenciario que dejaba en manos de los jueces la decisión de que los sindicados pudieran dar entrevistas a los medios de comunicación se apaciguó luego de que el presidente Juan Manuel Santos pidiera eliminarlo.
Según el mandatario, la medida no buscaba restringir la libertad de información "sino establecer en qué casos se puede y en qué casos no" es conveniente entrevistar a quienes no hubieran sido condenados.
Esta restricción, señaló la ministra de Justicia Ruth Stella Correa, se hizo pensando en condiciones de seguridad nacional, el efecto sobre las víctimas o la seguridad del establecimiento carcelario.
Pero pese a la petición de Santos, el proyecto de ley sigue enfrentando críticas en algunos sectores por considerar que no ayuda a solucionar los problemas estructurales que afectan las cárceles del país. Para lograrlo, aseguran, se requiere una reforma a la política criminal.
El Polo Democrático es quizás el sector político que más críticas presentó. El representante a la Cámara, Iván Cepeda, advirtió que la iniciativa no contempla aspectos fundamentales como son una verdadera reforma a la política criminal del país, el respeto a los derechos humanos de los internos y programas de socialización efectivos.
Juan David Posada, abogado especialista en Derecho Penitenciario con magíster en Derechos Humanos señaló que el proyecto puede ser bien intencionado, pero no alcanza a suplir todos los errores estructurales que se han cometido en esa materia en el país.
1. empresas privadas manejarían cárceles
El proyecto contempla la posibilidad de que empresarios privados puedan construir, administrar y hacer mantenimiento a las nuevas cárceles. Esta alianza, advirtió la ministra Correa, debe cumplir con los mismos requisitos que cualquier alianza público privada (APP).
Lo que se busca es que se pueda garantizar un mantenimiento adecuado de los centros penitenciarios y que los internos puedan contar con un servicio adecuado de alimentación, celdas con un mobiliario digno, entre otros.
Para el representante Cepeda, este es quizás el error más grande que se comete con el nuevo código, porque tener personas presas se va a convertir en un negocio. "Para los operadores privados las cárceles son rentables en tanto tengan personas presas".
El abogado Posada también advierte el riesgo que representa contar con vigilancia privada en las cárceles, lo cual podría traer consecuencias negativas para los internos.
2. cambio en términos de prisión domiciliaria
En la Cámara se discutió un incremento de tres años en el tiempo de condena para pedir la detención domiciliaria. Es decir, que el beneficio lo obtendrían los condenados a penas inferiores a 8 años de prisión y no los condenados a menos de 5 años de prisión como lo contempla el Código Penal. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.
A este beneficio hoy no pueden acceder condenados por delitos graves como violaciones al Derecho Internacional Humanitario, delitos contra la integridad sexual, entre otros y que no sean reincidentes.
Para Orfa Nelly Henao, diputada a la Asamblea de Antioquia, y exdirectora de la Cárcel Nacional de Bellavista, el problema de hacinamiento no se soluciona con la excarcelación de personas cuyas penas excedan los cinco años de prisión sino con una política criminal adecuada.
3. construcción de cárceles municipales
El proyecto también contempla la construcción de cárceles municipales para presos de baja peligrosidad y sindicados. Según lo ha manifestado la ministra Correa, la norma ya está vigente en el actual Código Penitenciario pero se busca ejercer mayores controles; además, abre la posibilidad para que se unan varias poblaciones cercanas y construyan su centro de reclusión.
Para el abogado Posada, con estas cárceles se demostraría que, por primera vez, se está pensando en las personas sindicadas y no se les apartaría de su entorno familiar, mientras se toma una decisión judicial.
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