Nuevamente, y repitiendo la misma historia, se presentan problemas con la gobernabilidad y el manejo de ciertas centrales de abasto del país.
Al igual que en el pasado, salen los detractores de las centrales a arremeter contra éstas, al tiempo que no pocos comentaristas las defienden como un instrumento necesario para el desarrollo de las actividades comerciales agrícolas.
La realidad de todo esto es que las centrales de abasto son un modelo de comercialización que tuvo su vigencia en los años setenta del siglo pasado y que, efectivamente, surgieron como un mecanismo de apoyo a la comercialización de la oferta agrícola, razón por la cual el Ministerio de Agricultura terminó involucrado en la gran mayoría de dichas centrales.
Con las centrales se esperaba organizar la comercialización de los productos agrícolas y ayudar a que los agricultores pudieran tener acceso a mercados más organizados. Esto debería repercutir en un mejoramiento de los precios de venta de sus productos y, por ende, de sus ingresos.
Adicionalmente, las centrales ayudaban a organizar el abastecimiento y la comercialización de los bienes agrícolas dentro de las ciudades. A este modelo se le veía, entonces, como una solución de doble vía.
Con el desarrollo de otros modelos de comercialización, como las cadenas de supermercados y las grandes superficies, así como con la proliferación de las tiendas de barrio y de pequeñas cadenas de supermercados barriales, el papel de las centrales de abasto se fue desdibujando, además de que han debido soportar reiterados problemas de administración y manejo.
Adicionalmente, las centrales se convirtieron en un modelo oligopsónico de compra de productos a los agricultores, modelo que termina, en muchos casos, afectando negativamente el precio y el ingreso de los productores. De ser una aparente solución para éstos, el modelo terminó convirtiéndose en un mecanismo perverso para ellos.
En la solución al problema de la comercialización agrícola es necesario separar las necesidades de abastecimiento y organización de la distribución de alimentos en las ciudades, que es un problema estrictamente de planeación urbana, de la necesidad que tienen los agricultores de acceder a adecuados y remunerativos canales de comercialización.
Respecto a lo segundo, que debe ser del ámbito y del interés primario del Ministerio de Agricultura, el objetivo de la política de comercialización agropecuaria debería centrarse en mejorar la eficiencia de los mercados de bienes agropecuarios y en lograr que los pequeños productores tengan un mayor acceso a dichos mercados, al tiempo que mejoren su capacidad negociadora.
Para tal fin, y retomando el ejemplo de muchos países del mundo, es necesario poner en marcha políticas que permitan que los productores accedan a información continua y oportuna acerca de los precios y las condiciones de los mercados agrícolas; dispongan de infraestructura de transporte y de servicios de apoyo a la comercialización de los bienes agrícolas; cuenten con las normas y las instituciones que faciliten el desarrollo del comercio de los mismos; impulsen las organizaciones de productores para la comercialización y accedan a los diferentes programas de formación, capacitación y asistencia técnica para la comercialización agropecuaria.
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