No podemos negar que el mundo se ha globalizado y que Colombia no puede estar aislada de una política mundial impulsada y apoyada por el Fondo Monetario Internacional, la Banca Multilateral, los países miembros del G8 y las grandes multinacionales; resulta absurdo tratar de ir en contra de una política tan arrolladora.
Con una economía globalizada y como consecuencia lógica de los múltiples anuncios que altos funcionarios del gobierno han hecho en Europa y Asia de las importantes inversiones que el gobierno del presidente Santos se propone hacer para impulsar la locomotora de la infraestructura, muchas de las empresas extranjeras han mirado con entusiasmo la posibilidad de participar en la construcción de estas obras, máxime si se tiene en cuenta que por causa de la situación económica mundial, y particularmente la europea, estas obras les ayudaría a compensar la caída en sus facturaciones.
Por eso no resulta extraño que los últimos grandes contratos en Colombia estén quedando en manos de empresas extrajeras, en algunos casos integrando consorcios con empresas colombianas; para dar una pequeña idea mencionemos algunos ejemplos: Ruta del Sol tramo II, Hidrosogamoso, los túneles de desviación, presa y obras subterráneas de Hidroituango, PTAR de Bello, Interceptor Norte, Conexión de la calle 30 para Metroplús, segunda calzada Primavera-Camilo C, la transversal Medellín-Quibdó y el mantenimiento Don Matías–Tarazá; una muestra impresionante de presencia real de las empresas extranjeras en nuestra región.
Es evidente que estamos frente a un cambio drástico en la política de adjudicación de contratos, quizá en parte como consecuencia del sobredimensionamiento mediático de casos puntuales, donde algunos inescrupulosos, que no han hecho parte del gremio tradicional de constructores, abusaron de los recursos públicos porque no tenían en el interior de sus empresas ni la mística, ni el profesionalismo, ni la capacidad de los empresarios serios y valerosos que al finalizar la década del siglo pasado supieron afrontar la situación de violencia que sufrió nuestro país; fueron estos empresarios quienes atendieron todos los requerimientos del gobierno frente a la desbandada de las empresas extranjeras, precisamente por efectos de la violencia.
El país no puede olvidar que fueron nuestras empresas, dirigidas por colombianos con tesón, con gran sentido patriótico y capacidades profesionales, las que le respondieron al gobierno y expusieron no solo su reputación sino su patrimonio, al adelantar las obras que despreciaron los extranjeros por tantos años. Estas empresas salieron avante, muchas de ellas evolucionaron, se fortalecieron empresarial, económica y técnicamente, pero ahora inexplicablemente las políticas de contratación parecieran desconocer sus capacidades.
Cada vez más, hace carrera en el interior de las entidades contratantes el crear exigencias desproporcionadas, particularmente de experiencia, como requisito para participar en los diferentes procesos, exigencias que nunca antes se habían pedido y muy superiores a los objetos a contratar.
Esta práctica restringe de manera dramática la presentación de oferentes y va en contra del principio de promoción de la competencia que el gobierno invoca en el nuevo decreto que reglamentará el sistema de compras y contratación pública, dejando por fuera de toda posibilidad a muchas de las empresas que hasta hoy vienen realizando las obras. En un país donde existe un retraso tan enorme en infraestructura, es apenas lógico pensar que nuestras empresas han adquirido menor experiencia frente a las de aquellos países que sí han tenido desarrollo de su infraestructura.
La diferencia entre las empresas extranjeras y las nuestras radica fundamentalmente en que ellas han ejecutado lo que nosotros queremos ejecutar ahora. Resulta completamente injusto e innecesario, poner como requisito de participación lo que otros países nunca pidieron, y que de haberlo hecho no hubieran podido ver a sus empresas crecer, por el contrario, lo pudieron hacer gracias a que sus gobiernos, con buen sentido, les permitieron adquirir esa experiencia, pero no parece razonable que nuestros dirigentes impidan que a nuestras empresas les pase lo mismo y puedan crecer.
Bienvenidos pues todos los que quieran participar en el mercado nacional, pero sin que su participación menoscabe las oportunidades de crecimiento y aún de subsistencia de las empresas colombianas. No podemos caer en el absurdo de fortalecer las empresas extranjeras en desmedro del interés nacional, aún en un mercado globalizado. Eso no es provincialismo, es sensatez.
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