Una tubería terrestre de 19,35 kilómetros y otra de 4 kilómetros sobre el mar que se conecta con una plataforma submarina de 20 metros de profundidad pondrá fin a años de problemas de contaminación con las aguas residuales que se vertían sobre la bahía de Cartagena.
La obra, conocida como el emisario submarino y que fue inaugurada por el presidente Juan Manuel Santos, dispondrá de manera adecuada las aguas servidas de la ciudad que se vertían en un 78 por ciento en la Ciénaga de La Virgen y en un 22 por ciento en el sector de Cuatro Calles, en plena bahía.
Este proyecto ambiental, que tardó 15 meses en su construcción, está considerado como el tercero en el mundo en su tipo, después del de Brasil y Taiwán.
Según voceros de Aguas de Cartagena, se trata de un sistema que dispone de las aguas domésticas servidas luego de pasarlas por una planta de pretratamiento que remueve la mayor parte de los sólidos flotantes, grasa, aceite, arena, grava (piedras), entre otros.
La tubería, que tiene 2,0 de diámetro, descarga por la boca del tubo, pero también por difusores en los últimos 500 metros del tubo, por donde salen hacia arriba pequeños chorros de agua, que son diluidos por la sal del mar y dispersados en estado inocuo por las corrientes submarinas.
Durante la entrega de las obras, Santos aseguró que "este proyecto significa mucho para el desarrollo del país y para los ciudadanos que se beneficiarán al no tener una bahía cada vez más contaminada. Cartagena se convierte en la primera ciudad en tener un programa de saneamiento integral. El 100 por ciento de las aguas estarán tratadas. Es una obra esperada hace más de 20 años y finalmente es una realidad".
Proyecto con muchos líos
Aguas de Cartagena, el Distrito y Agbar (Aguas de Barcelona) fueron los encargados del proyecto luego de que fracasaran los contratistas extranjeros escogidos por el Banco Mundial, al igual que los interventores de la parte inicial de este proyecto, también escogidos por la misma entidad.
La Contraloría General asumió una investigación de oficio, en 2011, tras la denuncia del periodista Samuel Pinedo Bruges, quien llamó la atención sobre presuntas irregularidades administrativas y sobre el riesgo que podría significar para la vida de los cartageneros "el hecho de arrojar 250 millones de metros sin tratamiento biológico".
En el último informe de la Contraloría, publicado a finales del año pasado, advertía que, en efecto, el proyecto "adoleció de un estudio geológico previo que determinará efectivamente la presencia de diapirismo (estabilidad de suelos) en la zona de instalación de la tubería submarina". También cuestionó que los ejecutores del proyecto no tuvieron en cuenta la información del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito, "lo que determinó que la alternativa escogida no fuera la que representara el mejor Análisis de Costo Eficiencia para este proyecto", al señalar un presunto sobrecosto por 19.217 millones de pesos.
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