El fallo de la Procuraduría en contra del Gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 10 años, tiene mayor importancia por el momento electoral que vive el país y por las marcadas diferencias respecto de otros fallos. El tema de su inocencia o culpabilidad por la participación en política es un asunto que compete al Ministerio Público, bajo los mandatos de la Constitución.
En otras palabras, no haremos una defensa del Gobernador. Lo que nos preocupa es el cálculo politiquero, que no político, con que algunos analistas y partidos han comenzado a capitalizar el fallo de la Procuraduría. Resulta ligero decir ahora que si el Gobernador Abadía resultó comprometido en una reunión con el entonces precandidato conservador Andrés Felipe Arias, esa responsabilidad hay que trasladársela también al Presidente de la República, porque Arias es cercano al Jefe de Estado. ¡Ni más faltaba!
Es más, resulta llamativa la rapidez con que actuó el Ministerio Público en este caso y, sobre todo, que no se aplique el mismo rasero en el sinnúmero de casos en los que ha sido evidente y preocupante la participación en política de otros mandatarios regionales, incluidos alcaldes de grandes ciudades.
No consideramos que sea sano para la democracia la cacería de brujas en las que se convierten cada cuatro años las campañas electorales, simplemente porque se trata de aplicar la ley del embudo. ¿O es que acaso es bueno para los opositores que Gustavo Petro pueda desempeñar simultáneamente su papel de senador y candidato presidencial para promover debates contra el Gobierno, pero que el Presidente no pueda defender su programa de gobierno ni adelantar sus consejos comunales, porque eso rompe el equilibrio electoral?
No. O todos en la cama o todos en el suelo. La Procuraduría deberá tener los suficientes elementos dentro del debido proceso y ajustada a la Constitución para decidir la suerte política del Gobernador del Valle y de quienes resulten comprometidos en hechos similares. Lo que no puede suceder, como viene sucediendo, es que en ciertas instancias quieran tomar partido con unos y se hagan las de la vista gorda, con otros. De ser así, estaríamos en manos de una justicia que actúa por rumores o por sospechas y no con base en pruebas contundentes. Con la llamada parapolítica ha sucedido algo parecido.
Esta campaña electoral no se ha destacado, precisamente, por la transparencia y el respeto de las reglas por parte de algunos candidatos presidenciales. Si la Procuraduría hubiera actuado con la misma diligencia con que ahora lo hace, muchos mandatarios seccionales tendrían hoy comprometida su permanencia en el poder.
Es más, y hacia allá deberíamos dirigirnos: el país necesita una legislación política moderna y de avanzada como la que existe en democracias más maduras como las de Estados Unidos y Europa, donde la participación en política de los mandatarios en ejercicio hace parte de la esencia de ejercer el poder y de las campañas electorales. Y lo primero es definir con claridad a qué se llama participación en política, pues hasta ahora conocemos de una reunión de Abadía con Arias, pero no del favorecimiento del primero al segundo.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
