Ante la crisis ambiental por la que esta pasando el país por la falta de previsión en el control de los impactos causados a los recursos naturales, la nueva (o la misma) ministra de Ambiente tiene una sola prioridad: evaluar la eficacia de la cantidad de licencias ambientales y de los permisos otorgados a las empresas nacionales y multinacionales.
En días pasados, la Contraloría General de la República observo´ que la crisis presentada en el Casanare no obedeció, exclusivamente, al calentamiento global sino, en gran proporción, al impacto causado por actividades no planificadas como la de arroz secano, ganadería, construcción de vías y actividades de sísmica y perforación de pozos petroleros, las cuales, según esta corporación, rompieron el equilibrio ecosiste´mico de la región.
Sí la mayoría de estas actividades económicas que son legales cuentan con sus permisos y licencias ambientales en regla (como todos los grandes proyectos económicos del país), entonces, ¿qué está pasando?
Al respecto, la Contraloría concluyó que en el caso de Casanare, existe una presunta responsabilidad de las autoridades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, Corpoorinoquía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el municipio de Paz de Ariporo, pues olvidaron la importancia de la actuación de oficio para la prevención y control de los impactos ambientales negativos evidenciados.
Frente a estos hechos cabría entonces preguntarse ¿qué función están ejerciendo las licencias ambientales, permisos o el Plan de Manejo Ambiental impuestos por el ANLA o las CAR a las empresas para realizar dichas actividades? ¿No es precisamente la de prevenir estos impactos?
O mejor, ¿cuál es la calidad del proceso de evaluación y seguimiento de los impactos ambientales causados por las diferentes actividades productivas del país?
Como ejemplo, la Contraloría encontró que en Casanare, las medidas de compensación establecidas en las licencias ambientales, como la reforestación con especies nativas, se han convertido en planes de mantenimiento vial, desnaturalizando completamente la figura de "compensacio´n ambiental".
Con el desbordado aumento de solicitudes de licencias ambientales y permisos hacia Minambiente, el ANLA y las Car, dichas entidades han limitado su oficio a la expedición del mayor número de autorizaciones en el menor tiempo posible, pasando de tomarse 138 semanas para analizar el impacto ambiental de un proyecto en el 2007, a solo 20 semanas hoy día.
Por lo tanto, no es verdad que Minambiente se haya convertido en un obstáculo para el desarrollo de Colombia, y que en los últimos 4 años las locomotoras estuvieran detenidas por culpa de este Ministerio. En el 2013, el ANLA atendió más del 90 % de las licencias ambientales solicitadas. La realidad es otra. La flexibilización indiscriminada en el otorgamiento de licencias ambientales, permisos y sustracciones forestales han traído precisamente un retroceso en la protección de los recursos naturales como el agua, suelos y bosques.
Es cierto que existen problemas técnicos en el proceso de licenciamiento ambiental, pero la crisis no radica en la falta de entrega de licencias ambientales a las empresas, sino en la ejecución de las medidas preventivas para evitar los efectos negativos que las actividades productivas ejercen sobre el agua. El problema no está en la cantidad, sino en la calidad del hermoso ejercicio de la autoridad ambiental.
Señor Presidente, la buena gestión de un mandatario no está en atender emergencias previsibles, sino en evitarlas. La crisis no es por la falta de lluvia, sino por el impacto causado a ríos y suelos. La sequía y su efecto en la economía y en la gente no se resuelve con mercados y carrotanques, sino con ajustes estructurales a la política ambiental colombiana, y a sus herramientas.
Comencemos por la evaluación objetiva de las licencias y permisos ambientales. La Contraloría General de la República nos lo ha advertido, y el desabastecimiento en Colombia hasta ahora comienza.
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