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Congreso aprobó proyectos para fortalecer Justicia

  • Congreso aprobó proyectos para fortalecer Justicia | Archivo | El proyecto de Descongestión Judicial permitiría desatrancar 1,4 millones de procesos que se encuentran estancados en diferentes etapas.
    Congreso aprobó proyectos para fortalecer Justicia | Archivo | El proyecto de Descongestión Judicial permitiría desatrancar 1,4 millones de procesos que se encuentran estancados en diferentes etapas.
16 de junio de 2010
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El Congreso aprobó ayer dos proyectos considerados trascendentales por el Gobierno para el fortalecimiento de la Justicia: el que permite la Descongestión Judicial y el cobro de Arancel a la Justicia. Ambos pasarán mañana a etapa de conciliación.

Además, la Comisión I de la Cámara aprobó el proyecto radicado por el Ejecutivo, que permite crear de nuevo el Ministerio de Justicia. Este es el primero de cuatro debates que deben realizarse para que la iniciativa se convierta en ley.

El anuncio, lo hizo el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, quien recordó que el proyecto de Descongestión Judicial, permitirá sacar adelante 1,4 millones de procesos estancados en diferentes etapas.

Con él se "busca la desjudicialización de los conflictos, la reducción de los trámites judiciales y optimización del trabajo en los despachos judiciales", señaló Valencia a través de un comunicado.

La norma permite crear la figura de jueces de pequeñas causas y competencia múltiple. "En los procesos laborales establece que una vez el juez reconozca derechos ciertos durante el proceso, no será necesario esperar al fin del mismo para su reconocimiento al trabajador".

También evita que las apelaciones sigan siendo una forma de retardar los procesos, porque permite que estos sigan su curso habitual mientras el juez o los tribunales resuelven el recurso.

El otro proyecto aprobado es el cobro del Arancel Judicial que, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional por petición del Consejo Superior de la Judicatura, permitirá recaudar cerca de 243.000 millones de pesos.

El cobro se hará en procesos civiles y administrativos. Estarán exentos los procesos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia y de menores.

También se deberá pagar en juicios de control constitucional, derivados de la tutela o a personas de escasos recursos.

"Es importante aclarar que es completamente coherente con la Constitución, no es un impuesto, no es una tasa, porque no se trata de pagar por un servicio, es una contribución parafiscal que está perfectamente permitida por la ley y se cobrará sólo en los procesos ejecutivos", señaló el comunicado del Ministerio de Justicia.

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