El convenio de cooperación entre Colombia y Estados Unidos será un matrimonio por conveniencia. El Gobierno Nacional, según lo expresó el ministro de Defensa (e), general Freddy Padilla, garantizará que el "fin del fin" de la lucha contra las Farc no sea solo una frase.
Al poder usar bases militares colombianas, los E.U. garantizan información de primera mano que les permita frenar las rutas del narcotráfico que se usan tanto en el Atlántico como en el Pacífico.
También obtendrían una ñapa: al colaborar en labores de inteligencia para frenar las acciones del narcotráfico y el terrorismo en las zonas de frontera podrían recoger información sobre lo que pasa en el vecindario. Más concretamente en Venezuela y Ecuador, países que han manifestado su malestar por el eventual acuerdo.
Este escenario, que ha sido cuestionado por el Polo Democrático y el precandidato a la presidencia por el Partido Liberal y ex ministro de Defensa, Rafael Pardo, está descartado por el ministro del Interior, Fabio Valencia, quien aseguró que todos los países deben estar interesados en la "lucha contra el narcotráfico y el terrorismo".
Vuelve a sonar bahía Málaga
La base de la Armada Nacional de Bahía Málaga (Valle), considerada desde hace más de dos años como una de las más "opcionadas" para reemplazar el centro de operaciones avanzadas de E.U. en Manta (Ecuador), volvió a sonar el viernes para ser parte del convenio bilateral.
El embajador de E.U. en Colombia, William Brownfield, señaló que además de Apiay (Meta), Malambo (Atlántico) y Palanquero (Cundinamarca), ésta base sería contemplada, aunque recordó que ya hay acuerdos que permiten que buques de su país fondeen allí para abastecerse de combustible.
Para el coronel (r) y experto en seguridad John Marulanda, todo este revuelo por el uso de las bases militares por parte de E.U. se da en un contexto en el que los países de América Latina están en plena carrera armamentista, incluido Colombia.
Hay una compra de armas rusas importante por parte de Venezuela; Brasil, está construyendo un submarino nuclear con el apoyo de Francia; Ecuador también está fortaleciendo la vigilancia en la frontera con Colombia con armas chinas; Perú está repontenciando sus aviones.
Sin embargo, no considera apropiado que al convenio en estudio se le mire simplemente como una forma de E.U. de reemplazar la base de Manta, que solo podrá usar hasta septiembre.
Y es que el convenio firmado en 1999, es el resultado de la estrategia de E.U. para recuperar de cierta forma el terreno perdido cuando sus militares tuvieron que abandonar Panamá.
Así nacieron los convenios para el uso de la base de Soto Cano, en Honduras; Hato Rey, en Aruba; Comalapa, en El Salvador; y Reina Beatriz, en Aruba.
"Si fuera por reemplazar la base de Manta, la opción más sencilla habría sido bahía Málaga. Pero el convenio permite un espectro más amplio para E.U. porque también da acceso al Atlántico y control en las fronteras", explicó Marulanda.
Delitos trasnacionales
Para un ex funcionario de la Cancillería, quien pidió la reserva de su nombre, el acuerdo con E.U. no debe satanizarse pues, a su juicio, permite hacer frente a dos delitos trasnacionales: el narcotráfico y el terrorismo.
En la lucha contra estos flagelos, aseguró, Colombia ha suscrito declaraciones que implican un compromiso político; y tratados y convenios, que traen implicaciones jurídicas en Derecho Internacional.
Por eso, no cree que de darse el acuerdo con E.U. se esté violando la Constitución ni entregando la soberanía.
También habrían ganancias, según Marulanda: llegada de tecnología de punta que mejoraría el espacio aéreo del país, instalación de radares y ayudas de aeronavegación, mejor equipamiento para las tropas de superficie, y mejoramiento de las bases sujeto del convenio.
Esto ya se empezó a ver con el anuncio de US $6 millones de dólares para la base de Palanquero, en Puerto Salgar.
En lo que sí no hay que hacerse ilusiones es en la posible intervención de autoridades colombianas en la investigación de posibles delitos en los que podrían incurrir alguno de los 800 militares y 600 contratistas civiles.
Tanto Marulanda como el ex funcionario de la Cancillería aseguran que los Estados Unidos no le entregan la investigación y juzgamiento de sus nacionales a ningún gobierno extranjero. Cualquier acuerdo al que llegaran las partes, en ese aspecto, sería en el papel.
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