La nueva ley de ciencia, tecnología e innovación (CT+I) aprobada por el Congreso de la República a finales del año 2008 propone, entre otras cosas, que Colciencias se transforme en el departamento administrativo "encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado" en CT+I. Pero, como se señaló en la anterior columna, el director de la nueva institución no tiene asiento en el Consejo de Ministros, que es donde se toman las decisiones trascendentales a nivel del gobierno central, pero sí en el Conpes, cuyas decisiones sólo tienen el carácter de recomendaciones.
Es un error de concepción y de visión que el manejo de la CT+I no esté en manos de un ministerio especializado en esta materia. Aunque algunos analistas y funcionarios consideran como un logro la transformación de Colciencias en un departamento administrativo, la realidad es que este hecho no constituye mayor avance de cara a la importancia y a la trascendencia que el tema de la CT+I tiene para el crecimiento y el desarrollo de los países.
Para crear las bases fundamentales que soportan este tipo de desarrollos, se requiere una institucionalidad que ejerza un liderazgo eficaz, soportado éste, entre otras cosas, en la gestión y en la capacidad para influir las decisiones en el interior del gobierno nacional, esto es, la Presidencia de la República y los demás ministerios, en especial, el de Hacienda y el DNP. Es claro que ese tipo de condiciones no las puede cumplir un departamento administrativo. En Colombia, la única excepción la constituye el DNP, porque esta institución maneja el presupuesto de inversión del país.
De otra parte, las funciones que se le asignan a la nueva institución se caracterizan por su falta de capacidad efectiva de ejecutar las acciones propias de la CT+I. Los verbos con los que comienzan las frases de cada función así lo confirman: formular, promover, propiciar, velar, fomentar, articular, etc. Dichas funciones parecieran ser las de una entidad cuyo objetivo fundamental es la formulación de políticas y no la de ejercer un liderazgo efectivo a través de la ejecución de las políticas.
Una excentricidad que trae la nueva ley es la creación de un Consejo Asesor de CT+I que consta de 17 personas, incluidos 4 ministros del despacho y el director del DNP, quienes no podrán delegar su asistencia. Nada más inoperante que manejar un Consejo con número tan amplio de personas. Muy seguramente, en la práctica, este Consejo no se podrá reunir a deliberar y adoptar decisiones sino en muy contadas ocasiones. Por su parte, con la creación del Sistema de CT+I, aparte de que la innovación haga parte explícita del mismo, no se ven mayores avances. Más aún, los objetivos que se le asignan en la ley al Sistema parecieran ser más funciones de Colciencias que del mismo Sistema.
Finalmente, al Fondo de Financiamiento que crea la ley para apoyar las actividades de CT+I no se le asigna a una fuente fija de recursos que le permita algún nivel de independencia y discrecionalidad. Los recursos dependerán del Presupuesto de la Nación y de otros recursos de origen público y privado. No se quiso tocar parte de los recursos del Sena ni destinar otras fuentes relacionadas con la actividad.
Así, la nueva ley expresa, de manera nítida, la negociación política que se tuvo que llevar a cabo con el gobierno y con ciertos sectores para conseguir que se diera, al menos, un nuevo hecho institucional. Al final, el avance, si así se puede calificar lo que implica la nueva ley, es limitado. Lejos estamos de decir que con ella el país ha entrado en nueva era.
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