Mientras el país atraviesa una inocultable conmoción social -que se le sale de las manos al vacilante Presidente-, la canciller Holguín anuncia que antes de finalizar el mes el gobierno se pronunciará definitivamente sobre el fallo de La Haya que despojó a Colombia de 75 mil kilómetros de mar caribeño.
Ya era tiempo que en vez de rabietas ministeriales por las supuestas filtraciones de lo que se habló en el seno de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el gobierno enfrentara con seriedad jurídica y razones de interés nacional las consecuencias que puede traer la discutida sentencia internacional.
La opinión pública aún no borra de la mente el superdestructor ruso pavoneándose muy cerca de las aguas colombianas como signo de intimidación y advertencia bélica. Colombia, sumisa y ultrajada como se ha mostrado ante el sindicato chavista, aún no ha pedido explicación alguna al régimen del señor Putin, así no hubiera el arrogante navío violado la soberanía colombiana. Y para que no quedara dudas de la alianza entre los soviéticos y el gobierno despótico de Ortega, el comandante del ejército nicaragüense anunció la adquisición de barcos de guerra rusos, "para asegurar la soberanía de Nicaragua en sus aguas". Las mismas que desde la época de Turbay Ayala, no supieron defender con habilidad y estrategia inteligente posteriores gobiernos colombianos.
Si una cosa es la serenidad que brindan los canales diplomáticos para utilizarlos como elementos de disuasión frente a contradictores civilistas y demócratas, otra, bien diferente, son los argumentos que se deben manejar con tesis y equipos sólidos ante los grandes organismos internacionales para denunciar las provocaciones de las alianzas de autócratas que solo conocen la amenaza armada como razones de peso.
No es fácil eludir la dura sentencia de la Corte de La Haya. Pero hay razones para la defensa diplomática, basada en los recursos de interpretación y aclaración del discutido fallo. Hay que insistir en la petición de que este se revise según los expertos, dada la afectación que esa sentencia causa sobre naciones que no son parte del litigio procesal como Costa Rica, Jamaica y Panamá.
Según acuciosos internacionalistas -mucho mejores que los que llevaron la defensa de Colombia en el juicio de La Haya- aún cabría el derecho al pataleo de Colombia. No para desconocer el fallo sino para mitigarlo. La Corte se habría extralimitado en sus funciones al desconocer "derechos históricos de Colombia sobre el archipiélago, hecho que fracturó su unidad y puso en inminente peligro la supervivencia de las comunidades raizales que llevan allí muchos siglos de asentamientos".
En este debate -incluido inevitablemente en la agenda electoral- que se reinicia con el inminente pronunciamiento del gobierno Santos, unos quieren escurrirle el bulto al pecado de negligencia, omisión o acción. Otros, pretenden pescar en el mar revuelto y expropiado para tener vigencia política en las discusiones electorales.
Mas lo cierto es que, en medio de los golpes de pecho, esta mancha, sumada a lo que puede suceder en el proceso de paz en La Habana, afectará la reelección o no del régimen santista. Es decir, que cruzando por Cuba y Nicaragua, miembros del sindicato chavista, se juega la suerte política inmediata del Estado colombiano.
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