Cada revisión que se hace sobre el estado del sistema de salud en Colombia, lo deja mal parado. No le va bien en lo económico y la declaratoria de emergencia social hecha por el Gobierno así lo deja claro.
Tampoco le va bien en atención oportuna, como lo demuestran las tutelas y el hecho de que aún el sistema judicial sea el que tenga que velar por la salud de los pacientes, en un sistema lleno de triquiñuelas, escapatorias y preexistencias que juega en contra del bienestar de las personas.
Aquí un paciente con una enfermedad crónica termina graduado en tutelas y derechos de petición para poder asegurar no ya el tratamiento, sino la propia vida... o sobrevida.
La salud en Colombia sigue siendo un asunto de curar o atender al enfermo y la prevención aún sigue siendo una tarea que tienen pendiente las mismas EPS e IPS, lo que aumenta el gasto en tratamientos y medicamentos que creen ahorrarse al no practicar pruebas diagnósticas que permitirían solucionar enfermedades a tiempo.
Tampoco ha estado el tema sanitario en buenas manos. La pandemia del AH1N1 cogió al Instituto Nacional de Salud con un director que no sabía de salud pública y tuvo que cambiar sobre la marcha para poder reaccionar a tiempo frente a un virus, que aunque más mediático que mortal, puso en jaque a los sistemas de salud mundiales.
Este año, como en los anteriores, siguió faltando compromiso político para que la salud fuera tomada en serio y para que el sistema pueda atender con calidad y oportunidad a quienes demandan de sus servicios.
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