La Defensoría del Pueblo alertó el jueves sobre el incremento de la actividad de bandas criminales que asesinan y extorsionan, entre otros delitos, mientras la población está desamparada por cuanto no puede invocar la reciente Ley de Víctimas, que solamente cubre a los afectados por acciones de guerrilleros, paramilitares y de la fuerza pública.
"No puede haber distinción de víctimas de primera y segunda categoría. La víctima como tal es víctima y eso es un problema que yo he venido planteando desde la Defensoría porque para nosotros las famosas bandas criminales, antes que bandas criminales, eran unos grupos armados ilegales", afirmó Jorge Armando Otálora, titular de la Defensoría del Pueblo, la oficina nacional de promoción y defensa de los derechos humanos.
La llamada Ley de Víctimas, en vigencia desde 2012, cubre a víctimas de delitos cometidos por guerrillas, paramilitares y la fuerza pública en el marco del conflicto armado interno.
Pero las acciones de los grupos de narcos y criminales, llamadas aquí bandas criminales, quedaron fuera de la Ley de Víctimas, porque el Congreso y el gobierno consideraron que no son actores del conflicto sino criminales comunes. Incluso hay bandas integradas por exparamilitares desmovilizados y que han vuelto a delinquir.
Al menos tres de cada 10 denuncias de víctimas a nivel nacional corresponden a hechos cometidos por esas bandas criminales en el último año.
Las bandas criminales figuran ahora "en los primeros lugares de la lista de actores de hechos victimizantes a la población civil, cuando en años anteriores los actores principales eran la guerrilla y los paramilitares", indicó en un comunicado la Federación Nacional de Personeros, que reúne a los 1.102 defensores de derechos humanos de cada municipios y cuyos datos registra la Defensoría Nacional que encabeza Otálora.
Entre los delitos atribuidos a esas bandas están desde asesinatos, hasta el desplazamiento forzado de población, amenazas y extorsiones, según la Federación.
"La Ley de Víctimas, la filosofía de esa ley es reparar a las víctimas que sean reconocidas oficialmente desde el año 85 para acá, entonces hay que entrar a mirar (analizar) qué son todas las víctimas y eso es lo que estamos planteando", indicó Otálora, quien plantea la conveniencia de una reforma a la ley.
Para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que impulsó la ley, y su aprobación en el Congreso, las bandas criminales son de narcos y no les reconoce ninguna posibilidad de negociar una desmovilización o dejación de armas como con guerrillas y paramilitares.
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