Pese a las amenazas recibidas por liderar a desplazados de Urabá, David de Jesús Góez aceptó encontrarse el pasado 23 de marzo en un centro comercial de Medellín con una persona desconocida que pidió su ayuda para recuperar predios despojados. Fue una cita a ciegas. A las 12:40 del mediodía, mientras aguardaba, dos sicarios a bordo de una moto lo mataron de cinco balazos.
Fue el noveno reclamante de tierras de esta región asesinado desde 2008 y la víctima más reciente. Su muerte aumentó a 50 los desplazados asesinados en todo el país desde 2003. El líder tenía 70 años y se había dedicado a reclamar la restitución de la finca El Descanso, en la vereda Tulupas (Turbo), de la cual fue desterrado en 1987 por la guerrilla y luego por paramilitares del bloque Élmer Cárdenas en 1995, que lo obligaron a vender a bajo precio. Hoy esa tierra aparece englobada en un gran predio de la empresa Inversiones Tulapas.
Estaba tan entregado a esa causa que se había vuelto muy conocedor de las vías legales para la reclamación de tierras. Tras la desmovilización de ese bloque en 2005 se registró como víctima ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y se volvió un líder visible de desplazados en Turbo y San Pedro de Urabá.
Pero pronto su lucha provocó amenazas contra su vida que, según denunció, aumentaron luego de la captura de Daniel Rendón Herrera, alias "Mario", (hermano de Freddy Rendón Herrera, alias "el Alemán, excomandante del bloque Élmer Cárdenas), exparamilitar quien no se desmovilizó, sino que conformó la banda criminal de "los Urabeños".
Ante esta situación solicitó protección a las autoridades en 2009, pero el estudio de seguridad arrojó como resultado "riesgo ordinario".
Presionado por las amenazas, se trasladó a vivir a Medellín. Pero nunca desistió de sus reclamaciones ni de las de otros desplazados. También fue testigo a favor de éstos en procesos judiciales que buscaban restitución de tierras.
"Era muy activo en el proceso de restitución, preguntaba por el avance de los casos, orientaba a campesinos desplazados, se convirtió en un líder muy apreciado", recuerda Flor Colombia, coordinadora de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Urabá (CNRR).
Por eso a nadie sorprende que aceptara una cita con un desconocido, quien tres días antes lo llamó y se identificó como desplazado de Necoclí. "Le pidió ayuda y lo citó para entregarle unos documentos de un predio y como siempre él dijo que sí y allá lo mataron", relató un amigo.
El maletín que cargaba Góez el día de su asesinato estaba lleno de certificados de libertad y tradición y otros documentos relacionados con la reclamación de tierras.
Como si se tratara de un desafío de los violentos que se oponen al regreso de los desplazados a sus terruños usurpados por guerrillas y autodefensas, los asesinatos el mismo día de David Góez (en Medellín) y Éder Enrique Verbel Rocha (en San Onofre, Sucre), ocurrieron siete días después de la instalación del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras.
Según explicó el 16 de marzo el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, la función del centro conformado por los ministerios de Defensa y del Interior y Justicia, Policía, DAS, Acción Social e Incoder será "analizar la información de distintas autoridades para definir medidas de protección para los reclamantes".
No paran las amenazas
Hasta ahora las promesas de protección del Gobierno y las autoridades no se concretan en medidas de seguridad ni logran detener las amenazas y, mucho menos, tranquilizar a los desplazados ansiosos de recuperar sus predios.
Así lo expresaron las comunidades desplazadas de San Onofre tras el asesinato de Verbel Rocha en un consejo de seguridad hace dos semanas. Y también un grupo de víctimas de Urabá y Chocó, que hace 10 días en Apartadó reiteraron ante una comisión del Gobierno, Fiscalía y Policía amenazas de personas que señalan como testaferros y "poseedores ilegales" de las tierras que reclaman.
Una desplazada de Mutatá denunció que testaferros de los paramilitares que los desterraron en 1996 de la vereda Bejuquillo los amenazan para que desistan de sus predios.
La mujer relató que en noviembre pasado su hijo fue perseguido por tres hombres, que en la zona relacionan con testaferros y bandas, que lo esperaban al regresar a su casa de madrugada.
Según la denuncia ante la Fiscalía, el hombre corrió por potreros y logró escapar al treparse a un árbol. Su solicitud de protección fue negada, pues un fiscal consideró que su historia no era creíble porque esa noche consumió licor.
"Ya no nos amenazan solo a los reclamantes sino a nuestros hijos... a una señora la persona que ocupa su finca la amenazó con que si seguía reclamando se iba a desquitar con lo que más le doliera. Ella desistió de pelear por su tierra", le dijo la desplazada a la Comisión.
Varios desterrados revelaron que los testaferros han pedido a las bandas intimidarlos para que no reclamen los bienes despojados.
Otra denuncia fue la de desplazados de Carmen del Darién (Chocó), quienes señalaron que las Farc los desplazó en 1997 y ahora los amenaza de nuevo. Se quejaron de que cinco líderes tienen apenas cuatro escoltas.
Otra de las preocupaciones expuestas por desplazados fue la negación de los esquemas de seguridad.
"Muchos líderes de la región amenazados han pedido protección y los estudios de seguridad siempre resultan con riesgo ordinario, pero luego varios de ellos terminaron asesinados, como Benigno Gil, Adriano Pino y el más reciente, David Góez, que se fue para Medellín y hasta allá lo buscaron para matarlo", reclamó Carmen Palencia, presidenta de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a Tierras.
La líder, quien tiene escoltas y un vehículo blindado debido a las amenazas en su contra, aseguró que desde el año pasado han tenido que reubicar personas y sus familias ante el riesgo inminente de muerte. "Ahora tememos por la abogada de nuestra asociación, a quien el estudio de seguridad también arrojó riesgo ordinario".
En esa misma reunión, los desplazados pidieron resultados a las autoridades en las investigaciones por los nueve asesinatos en la región y recordaron que el 27 de septiembre pasado, el vicepresidente Angelino Garzón y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, notificaron a la Fiscalía los nombres de miembros de bandas y de cinco terratenientes señalados como presuntos autores intelectuales de los asesinatos.
Si bien reconocen la buena voluntad del Gobierno para restituir tierras y protegerlos, los desplazados y sus líderes sienten que la coordinación entre las autoridades no es tan clara y efectiva.
Así se evidenció tras los asesinatos de David Góez y Éder Enrique Verbel Rocha en marzo pasado, cuando el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, anunció el 28 de marzo la creación de una unidad de la Fiscalía para investigar los crímenes de reclamantes de tierras.
Un día después, la fiscal general Viviane Morales desmintió a Rivera y precisó que "esa decisión no compete a la cartera de Defensa" y que esos casos ya eran investigados por la unidad de Justicia y Paz, Derechos Humanos y la recién creada contra la Desaparición y el Desplazamiento.
No hay escoltas para todos
Lo único cierto hasta ahora, y así se lo dijeron los funcionarios del Ministerio de Agricultura y la Fiscalía a los desplazados hace 10 días en Apartadó, es que el Gobierno no puede ni tiene cómo dotar de esquemas de seguridad a todos los desplazados que denuncian amenazas, que cada vez son más, según la CNRR.
Así lo ratificó también el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras. "Es imposible ponerle a cada campesino del país un esquema de protección individual, en algunos se hace por muy graves amenazas, pero no es posible hacerlo de manera masiva".
Vargas Lleras explicó que el Gobierno trabaja en un sistema único de protección de personas amenazadas, como jueces, sindicalistas o reclamantes de tierras. "No podemos seguir con esta responsabilidad fraccionada en diferentes entidades".
Según el mapa de riesgo que tiene el Gobierno, en 520 municipios del país hay riesgo para los despojados: 4 en riesgo extraordinario, 58 en alto, 16 en medio y 445 en bajo. Las localidades en riesgo alto son Apartadó, Turbo, Tibú y Carmen del Darién.
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