La exsenadora Dilian Francisca Toro, quien podrá recuperar su libertad tras decretarse la nulidad de una parte del proceso en su contra, deberá pagar una caución de mil salarios mínimos legales para hacerlo.
Así lo manifestó Iván Cancino, abogado de la política vallecaucana, quien adelanta los trámites necesarios en la Fiscalía General de la Nación y el Inpec. El salario mínimo legal en Colombia, actualmente, es de 589.500, por lo que la suma que debería pagar la exparlamentaria es de 589.500.000 de pesos, para recuperar su libertad condicional.
El jurista explicó que este es un trámite normal cuando a una persona se le otorga la libertad condicional, caso de Dilian Francisca, pues el proceso en su contra por lavado de activos no queda totalmente anulado, sino que regresa a la etapa de investigación.
Agregó que la exsenadora recuperaría su libertad en horas de la noche de este miércoles o ya el próximo jueves, por demoras en el trámite, pues tiene que cumplir protocolos legales que "le solicitan a toda persona que queda libre". Al respecto señaló la necesidad de verificar que no exista otro tipo de requerimiento judicial en contra del beneficiado con la libertad, además de firmar un paz y salvo en el centro de reclusión.
Otra de las medidas que debe adoptar es la firma de "un acuerdo en el que se compromete a presentarse a las autoridades cada vez que se requiera", explicó Cansino.
En la mañana de este miércoles, a través de un comunicado, la excongresista confirmó que su salida de la cárcel se efectuará en el transcurso del día y agradeció a su "familia, amigos, líderes y seguidores que con sus oraciones y mensajes me fortalecieron espiritualmente".
La política vallecaucana indicó que, de ahora en adelante, va a reponer "el tiempo perdido con mi hijo y mis padres", y que también agradece "a Dios y a la Justicia porque he logrado demostrar mi inocencia".
La nulidad parcial en el proceso de Dilian Francisca se dio, al parecer, porque tres testimonios clave en la investigación no pudieron practicarse, entre ellos, el del mayor en retiro Juan Carlos Meneses, quien ya había declarado ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la excongresista.
Cabe recordar que el pasado 21 de marzo María Claudia Merchán, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, acusó a Dilian Francisca Toro por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
La investigación, adelantada desde 2008, inicialmente por la Corte, se deriva de las supuestas negociaciones que entre 2005 y 2007 realizó la sociedad Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., de la cual Dilian es socia, junto con su esposo y su cuñado.
Dicha sociedad adquirió las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Bolívar (Valle del Cauca), predios que tuvieron su origen en actividades de narcotráfico del Cartel de Cali y del Norte del Valle.
Lo propio, según las investigaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ocurriría con las fincas Basilar, ubicada en el municipio de Bolívar, que fue adquirida en junio del 2007, y que los documentos en poder del alto tribunal señalan que se trataba de predios asociados a las organizaciones de Hans Barney Salazar, Jaime Alberto Mejía y Carlos Arturo Patiño, alias "Patemuro", todos vinculados a actividades de narcotráfico.
En una entrevista exclusiva con El País, la excongresista dijo su momento que “he tenido la convicción siempre de que si yo soy inocente no me pueden condenar, no he cometido un acto ilícito, yo simplemente autoricé una compra, que solo soy una socia, que los bienes se compraron de buena fe, con dinero que prestó el banco, porque nosotros no teníamos plata”.
Ante la acusación del delito de lavado de activos, la exsenadora Toro había manifestado que se trataba de una “buena oportunidad para demostrarle a un juez que lo que se ha dicho sobre la participación de mi parte en un hecho punible es falso…”.
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