La Contraloría General de la República abrió juicio fiscal contra el director de Invías, Carlos Rosado y Adolfo Garcés (otro funcionario de la entidad) y la Sociedad Ponce de León, propiedad del Grupo Nule, por las irregularidades en el manejo de 106 millones de pesos que habían sido destinados para interventoría en la pavimentación de varias vías en el departamento del Valle del Cauca.
Según la Contraloría, Rosado se incluye dentro del juicio, pues sobre él, como director, recaía la supervisión del contrato, y porque "transcurridos más de dos años de los hechos, no ha adelantado las gestiones necesarias para liquidarlo".
Para el ente de control, Invias no había efectuado las labores para recuperar 105.675.883 millones de pesos de los que "el particular-contratista a expensas del erario se había beneficiado injustificadamente".
Invías, por su parte, advirtió que está en trámite una conciliación con la Sociedad Ponce de León, que está parada porque la Superintendencia de Sociedades no ha avalado la acción.
"Los abogados de la entidad llevaron este caso el 19 de diciembre de 2011 ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Invías, sometiendo la petición del pago de 105.675.883 millones de pesos, reclamado por Liquidador Judicial, supeditándolo a previa aprobación de la Superintendencia de Sociedades, entidad que el pasado 8 de febrero negó su aprobación".
Además, argumenta el Invías, que lo que se le imputa a Rosado, fue desarrollado por administraciones pasadas, por lo que no entiende como es que los hechos sólo se aplican al director de la entidad y además se pida el embargo de su sueldo.
La Contraloría oirá en audiencia pública a los presuntos responsables, el próximo primero de julio para que las partes presenten sus argumentos para esclarecer sus actuaciones y establecer responsabilidades.
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