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Ecopetrol puede pasar de colaboradora y denunciante a demandada en nombre del Estado, por el presunto soborno de exdirectivos de PetroTiger a un exfuncionario suyo.
"La persona señalada (
David Durán ), quien nunca ocupó cargos directivos, ni tenía capacidad de decisión en los procesos de contratación investigados, dejó de laborar el 7 de abril de 2011 y en la actualidad es sujeto de investigaciones", afirmó la petrolera en un comunicado. Fue en ese año que, precisamente, se concretó el negocio.
Según reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde la firma norteamericana se desembolsaron 333.500 dólares para beneficiarse con un contrato de servicios petroleros por 9,6 millones de dólares.
El vicefiscal general,
Jorge Perdomo, declaró que las pesquisas de un fiscal de la Corte del Distrito de Nueva Jersey y el FBI solo "pudieron darse por el apoyo de las autoridades colombianas".
Expertos consultados por La República consideran posible que afronte demandas de entre 200 millones y 500 millones de dólares de las empresas que hayan aspirado al contrato, pero en la selección no tuvieron igualdad de condiciones por el soborno.
"El Estado también podría llegar a responder. No es solo que Ecopetrol denuncie, que es su deber, sino que puede haber un detrimento económico por beneficiar con bienes de la Nación a una empresa", asegura el abogado
Maikel Nisimblat, especialista en derecho petrolero.
También pesan las jurisprudencias que establecen que de tratarse de actos de un empleado, hay una omisión o acción indebida y una responsabilidad por hecho propio de la firma.
"Es decir, le corresponde a Ecopetrol responder, y hay que revisar la responsabilidad fiscal y disciplinaria del presidente (
Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy ), cuyo deber de vigilancia es lo importante", agrega el jurista Nisimblat.
Las acciones administrativas podrían ser presentadas igualmente ante el Ministerio de Minas y Energía, a la cual está vinculada Ecopetrol como lo establece la Ley 1118 de 2006.
"En la medida en que otras empresas que aspiraron a ganar el contrato puedan demandar al Estado, cabe la respectiva investigación de la Contraloría por un posible detrimento patrimonial", advierte la abogada experta en el área minero-energética,
Yury Pérez Sanmiguel.