El conflicto armado en Colombia ha dejado hasta la fecha un total de 6.073.453 víctimas, según el registro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, elaborado por la Red Nacional de Información.
Según esa cifra cerca del 12 por ciento de la población ha sufrido de manera directa o indirecta el conflicto armado interno.
En ese registro están incluidas víctimas que han sufrido abandono o despojo de tierras, actos terroristas, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, minas antipersonales, pérdida de muebles o inmuebles, secuestro, tortura o vinculación de niños y adolescentes a grupos armados al margen de la ley.
Desde que se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en 2011, se procedió a unificar los números de desplazamiento y se amplió el abanico de hechos victimizantes para tener en cuenta.
"Por ello, cada vez es mayor el número de personas que declara por violaciones a sus derechos ocurridas en el pasado. De hecho, el 78 por ciento de los hechos declarados en los primeros seis meses de 2013 correspondían a años anteriores", dice el documento.
Durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se había compensado a finales del año pasado a 353.174 personas, incluidas 8.992 víctimas de desplazamiento forzado.
El documento agrega que respecto a la indemnización de niños, niñas y adolescentes con encargo fiduciario constituido, en el 2013 se superó la meta de 5.012 indemnizados al registrarse un total de 6.098 indemnizaciones.
"Adicionalmente, hogares víctimas de desplazamiento forzado recibieron atención humanitaria de emergencia, con lo que se ha cumplido con el 93 por ciento del total esperado al final del cuatrienio", añade el informe.
Según la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, "el Gobierno se propone a atender y reparar a un porcentaje significativo de la población víctima, a través de un modelo que supera el asistencialismo para fomentar la superación de su condición de vulnerabilidad".
También se busca la reconstrucción de su proyecto de vida, propósitos que por el amplio universo de esta población "que se acerca a las 6 millones de personas, requiere la participación activa no solo del gobierno sino de la sociedad en su conjunto", señala Gaviria.
