La orden del alto mando de las Fuerzas Militares de restringir el uso de las cuentas institucionales (no las personales de sus integrantes), y el esfuerzo por encauzar a través de los superiores cualquier información castrense, deben entenderse como medidas de mejoramiento del conducto regular, como ocurre en cualquier empresa moderna en la que hay voceros autorizados (spokesmen ) y son ellos los únicos habilitados para suministrar reportes de la entidad.
Es igualmente previsible que esa centralización se dé en momentos en que se involucra a las Fuerzas Armadas en el debate electoral y también en denuncias relacionadas con el espionaje de personalidades y organizaciones vinculadas al Gobierno y las campañas a la Presidencia.
Apenas lógico que, en sana prevención, se tomen medidas que eviten innecesarios malentendidos.
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