El Gobierno peruano afronta 234 conflictos sociales, cinco de los cuales aparecieron en febrero último, con reivindicaciones socioambientales como la principal demanda, según informó este jueves la Defensoría del Pueblo.
El reporte mensual elaborado por la Defensoría mostró que, en el mes pasado, uno de los conflictos fue resuelto y 87 están en un proceso de diálogo con las autoridades.
Del total de conflictos, el 68 % se encuentran activos y el 32 % están en estado latente; además, el 48 % son controversias por asuntos socioambientales y 12 % por disputas con los gobiernos locales.
Los cinco nuevos conflictos registrados en febrero se refieren, en primer lugar, a la protesta de la Federación de Mineros de Madre de Dios que pidió la derogatoria de dos decretos de urgencia que autorizaron la destrucción de las dragas utilizadas informalmente para la extracción ilegal de oro.
El Ministerio del Ambiente y de Defensa lanzaron un operativo militar para destruir más de 250 dragas, pero los mineros informales respondieron con una marcha y protestas que dejaron dos fallecidos.
En el informe difundido este miércoles, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades nacionales, regionales y mineros informales de Madre de Dios buscar alternativas de solución que permitan la formalización de la actividad minera en la zona y el respeto de las normativas ambientales existentes.
Otro conflicto socioambiental registrado en febrero fue la protesta de las comunidades nativas de la selva central por la contaminación de los ríos Tulumayo, Chanchamayo y Perené por parte de una minera, una central hidroeléctrica y otra empresa de servicios.
Igualmente, en febrero pasado, la junta de vecinos de Talara, en la región Piura, protestó por la falta de agua en este distrito, y los pobladores del distrito de Ayabaca, también en Piura, acusaron a su alcalde de corrupción y reclamaron la intervención de la Contraloría General.
El último conflicto aparecido recientemente es el protagonizado por los trabajadores de los talleres mecánicos para automóviles usados llegados a la zona franca en la región Tacna, quienes piden extender el plazo de importación de esos vehículos hasta el 2012.
