Tras el llamado del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, al presidente Alvaro Uribe Vélez, para que cumpla lo dispuesto en la Ley de garantías electorales , el primer mandatario le pidió a la Oficina Jurídica de la Presidencia que evalúe si es necesario dejar de transmitir los consejos comunales.
Sin embargo, Uribe dejó claro que no suspenderá esta actividad por considerar que es la forma de estar en permanente contacto con los ciudadanos.
"El consejo siempre hace. Voy a hablar con Jurídica de la Presidencia. Me parece que lo que debe entenderse es no transmitirlo por el canal público de televisión", explicó Uribe Vélez en entrevista con la emisora Radio Magdalena.
Fuentes de la Casa de Nariño señalaron que, por ahora, no habrá ningún cambio en la agenda pues se esperará el informe de los asesores jurídicos. Si no hay cambios, el próximo 23 de enero sería el primer consejo comunal del año en San José del Guaviare.
Este sábado no habrá porque el Jefe de Estado todavía se encuentra de vacaciones.
Su agenda se ha desarrollado desde la finca El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba, desde la cual no solo ha concedido varias entrevistas a emisoras locales sino que ha atendido a delegados del Congreso y el Gobierno de Estados Unidos.
Es conveniente
El llamado del Procurador fue considerado oportuno por el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez, quien consideró conveniente que el mandatario -aún sin haber manifestado su intención de aspirar a un tercer mandato- se acoja a lo que dice la ley.
De suspender la transmisión de los consejos comunales y cumplir con lo exigido por la Ley de Garantías, el Presidente estaría dando cumplimiento a una solicitud que desde noviembre pasado están haciendo distintos sectores de vida nacional.
La primera solicitud la hizo la misma Procuraduría el pasado 29 de octubre. En la carta que envió al primer mandatario, el Ministerio Público exhortó a Uribe para que adoptara "las medidas necesarias que condujeran a la efectividad de la igualdad electoral entre los candidatos presidenciales y para que el proceso electoral se diera con total transparencia".
Lo que pide la ley
La ley 996 de 2005 o Ley de Garantías Electorales, fue expedida en ese año, luego de haber sido aprobada la reforma constitucional por el Congreso con el fin de que el Presidente pudiera ser a la vez candidato.
La razón de ser de la norma: darle una mayor equidad en la competencia electoral a los demás candidatos presidenciales, quienes tuvieron que enfrentar a Uribe en su condición de mandatario. Esa situación le otorgaba ciertos beneficios por encima de los demás.
La norma le indica al Presidente una serie de impedimentos que tendrá en su condición de candidato para usar bienes del Estado. Sus actividades de proselitismo como desplazamientos, eventos y publicidad, deberán ser financiadas por su organización política.
Es decir: de acogerse a la Ley de Garantías, el Presidente tendía que regular las transmisiones en el canal institucional sobre la gestión de Gobierno e inclusive los consejos comunitarios.
También tendría que abstenerse de asistir inauguraciones de obras públicas, la entrega personal de recursos o bienes estatales, de cualquier otra suma de dinero proveniente del erario o del producto de donaciones de terceros al Gobierno.
También tendría que ajustar sus referencias a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas y abstenerse de usar la imagen, los símbolos o las consignas de su campaña presidencial en la publicidad del Gobierno.
Tampoco podrá utilizar bienes del Estado, diferentes a aquellos destinados a su seguridad personal en actividades de su campaña ni hacer contratación directa.
Por tranquilidad y garantías
El analista político Rafael Nieto coincide con el Registrador: aún sin ser un candidato oficial a la Presidencia, es pertinente que Uribe se adhiera a la Ley: "sería una expresión voluntaria con efectos reales. Aunque no es un candidato formal, debería dar esa tranquilidad en una campaña limpia y con garantías".
Rodrigo Rivera, impulsor del referendo dijo que "el Presidente tiene que mirar tema por tema a ver si va a adoptar algún cambio en la manera como viene gobernando aunque no está obligado hacerlo. Pero puede hacer cambios acogiendo la recomendación del Procurador".
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