El Gobierno Nacional estableció un aumento del 3,4 por ciento en el salario mínimo, lo que significa que el valor mensual que regirá durante el presente año es de $532.500. Según fuentes oficiales, este incremento, al ubicarse por encima de la inflación de 2010, acrecienta el poder adquisitivo de los hogares de los trabajadores, al tiempo que ayuda en la reducción de la pobreza y en la generación de nuevas oportunidades de trabajo.
Luego de que la Comisión de Concertación Laboral fracasara en alcanzar un consenso alrededor del incremento del nuevo salario mínimo, el Ejecutivo se vio obligado, al igual que durante los últimos cinco años, a fijar por decreto el valor de dicho salario. La dificultad reiterada de que los empresarios, los trabajadores y el Gobierno lleguen a un consenso alrededor del aumento anual de dicho salario, indica, a todas luces, que la Comisión no está siendo eficaz y que debe ser objeto de una reforma a fondo.
En dicha mesa de diálogo se sientan tres actores fundamentales del mercado del trabajo. Sin embargo, ellos no son los únicos a los que les interesa y afecta la decisión acerca del salario mínimo. Por el impacto que este tiene en el nivel de desempleo e informalidad, y en la generación de nuevas oportunidades laborales, cabría preguntarse si otros actores no deberían también hacer parte de ese espacio de concertación.
De otra parte, la determinación del salario mínimo no puede seguir siendo considerada como un asunto aislado de la problemática general del mercado laboral. La fijación de dicho valor afecta, más allá del nivel de ingreso de quienes lo devengan, las posibilidades de empleo de quienes se encuentran desocupados; la probabilidad de formalización de una parte importante de la población económicamente activa; y los niveles de precios de distintos bienes y servicios.
Igualmente, y en virtud de la segmentación que se presenta en el mercado del trabajo, pareciera llegada la hora de que el Gobierno Nacional se siente a estudiar la viabilidad de establecer salarios mínimos diferenciales. Algunas entidades de investigación han propuesto, por ejemplo, que se tenga un salario mínimo rural diferente al urbano. También se ha sugerido que haya un salario mínimo para ciertos grupos de población, como los jóvenes. Asimismo, hay quienes sugieren que se diferencie por regiones.
El hecho de que durante los últimos años el salario mínimo haya presentado un crecimiento mayor al salario promedio de la economía, indica que, antes que ayudar a abrir nuevas oportunidades laborales a los grupos con bajos niveles de capital humano y formación para el trabajo, la política de determinación de dicho salario lo que ha hecho es más inflexible el mercado laboral, lo que va en contravía del objetivo de una mayor y creciente flexibilización del mismo, como lo demandan las tendencias actuales.
La gran dificultad que se tiene de reducir los niveles de desempleo por debajo de un dígito es una manifestación palpable de que el tema laboral debe continuar siendo una de las prioridades del Gobierno Nacional. La Ley de Formalización y Primer Empleo debe ser complementada con otras medidas más sustanciales que permitan hacer realidad la generación creciente de empleo formal. Mientras ello no se haga, se mantendrán las inequidades que se generan entre quienes acceden al mercado laboral y los que son excluidos del mismo. En la superación de esta situación, un salario mínimo bien estructurado puede jugar un importante papel.
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