Las recientes medidas del Consejo de Estado significaron un palazo importante al "carrusel de la justicia", conocido por el: tu me nombras, después yo te nombro y al final todos nos nombramos.
La decisión de tumbar a un magistrado de la Corte Constitucional y a otro del Consejo de la Judicatura, anulando sus polémicas elecciones, fue una sorpresa, y, de mantenerse el espíritu, podría ser el inicio de una reforma a la justicia práctica y real.
Ahora bien, las dos destituciones, y la que dejaron prácticamente sellada sobre la elección de otro magistrado de la judicatura, le dan un golpe aún más fuerte a la influencia del Procurador, Alejandro Ordóñez, y a su red dentro del sistema judicial.
Ordóñez se hizo muy cercano a magistrados como Leonidas Bustos, Pedro Munar, Camilo Tarquino y el destituido presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco José Ricaurte.
Ricaurte era fundamental para Ordóñez pues elaboraba las listas de las cuales eran elegidos los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, elemento necesario para seguir ampliando la influencia del Procurador.
Así se eligió Ricaurte también. La demanda en su contra demostraba cómo 15 de los 16 magistrados que votaron por su nombramiento para magistrado de la Judicatura habían sido a su vez elegidos en votaciones en las que Ricaurte participó como magistrado de la Corte Suprema.
Para Ordóñez es un golpe fundamental. Es gracias a su influencia con diferentes magistrados como el Procurador había podido hacer lobby, por ejemplo, a favor del nombramiento de Sandra Morelli, para la dirección de la Contraloría, y Jaime Ardila, para la Auditoría General.
Ahora bien, la puja por el cargo para suceder a Morelli ya había demostrado una pérdida de influencia del Procurador. Ordóñez impulsó la candidatura de Camilo Tarquino, también exmagistrado de la Corte Suprema y miembro de esa misma red, pero esta fue derrotada en la primera ronda de votaciones en la Corte Constitucional.
Posteriormente también fueron desechados sus otros candidatos como Martha Elvira Ciodaro, asesora de Ordóñez en la Procuraduría, y Orlando Lineros, casado con la cuñada del Procurador.
La Corte Constitucional terminó ternando al antecesor de Ordóñez en la Procuraduría, Edgardo Maya, que es un liberal vallenato parado en la orilla política opuesta del conservador Procurador.
Eso muestra que Ordóñez ha perdido control de la Corte, no solo para nombramientos sino también para mayorías de votaciones importantes para él como su cruzada en contra del aborto y su pelea contra los derechos de las parejas del mismo sexo.
Con los nuevos movimientos y la entrada de Gloria Ortíz en reemplazo de Nilson Pinilla, la mayoría en la Corte será liberal, una pesadilla para Ordóñez. El tema es más grave ya que Ortíz llega apadrinada por el fiscal Eduardo Montealegre, su peor antagonista.
Este debilitamiento en las Cortes, sumado a los golpes en la opinión pública dados por la restitución del alcalde Gustavo Petro y la tumbada de la sanción del exalcalde Alonso Salazar, hacen parecer que el súper poder de Ordóñez está llegando a su fin. Que bueno sería
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