El país sigue aturdido frente a la crisis que afecta el funcionamiento de la justicia colombiana. Cada día aparecen situaciones bochornosas que le restan credibilidad a la aplicación de una justicia respetable por lo confiable.
Ahora entra en escena, para opacarla más, la motivación que tuvo el Consejo de Estado para anular la elección de la Fiscal General.
No le faltaba a la justicia, para crear más zozobra institucional sino que la Corte Suprema incurriera en un eventual prevaricato, al alterar con su consentimiento, su propio reglamento para habilitarles a la doctora Morales las mayorías requeridas en su elección de Fiscal General de la Nación.
De haber incurrido en tan deshonroso delito, los magistrados de la Corte habrían caído en la misma violación por la cual el Tribunal Supremo de España, condenó al juez Baltasar Garzón , otro de los nuevos mejores amigos de Santos.
A este reprochable acto de la Corte para torcerles el pescuezo a la Constitución, a la Ley y al reglamento -según sindicación de exmagistrados como Luis Javier Osorio - antes se le había sumado el agresivo fallo del Tribunal Superior de Bogotá contra las Fuerzas Armadas.
Aquella Corporación ordenó a las Fuerzas Militares darse golpes de pecho de arrepentimiento frente al Palacio de Justicia, edificio arrasado por guerrilleros y narcotraficantes, en un punible ayuntamiento que el país recuerda con horror.
Para repudiar tan desconcertante sentencia, el comandante de las Fuerzas Militares, General Navas, descalificó tamaño despropósito, recurriendo a Séneca como mejor argumento para desligitimarle: "el honor prohíbe acciones que la ley tolera".
Mientras todo este drama ético-jurídico se desenvuelve en las más altas esferas de la justicia, las gentes aumentan su desconfianza en su operatividad y en su credibilidad. Mucho daño se le ha hecho con decisiones tan contradictorias como draconianas. Muchos estragos se han causado contra su dignidad por quienes debían velar por su integridad y decoro. Un mal ejemplo han legado los altos tribunales a los jueces que, esparcidos por todo el territorio nacional, tienen que dictar justicia con tan malos ejemplos.
Decir que la reforma judicial es de extrema urgencia, es una verdad de Perogrullo. Es la frase que el país viene escuchando desde que se escribe historia patria. Muchos proyectos se han elaborado. Muchos códigos y artículos reformados. Muchos debates ventilados.
Se crean misiones y comisiones en abundancia para concertarla con juristas de todos los pelambres. Pero poco es lo que se ha logrado acertar. Quizás ha fallado más la parte humana y moral, que la redacción de más incisos y parágrafos. El mismo proyecto que se tramita en el Congreso está enredado por el divorcio entre Ejecutivo, Legislativo y las Altas Cortes. Todos desconfían entre sí, y más que armonía, hay ruptura.
Quizás como decía el exmagistrado Jesús Vallejo , "La crisis de la justicia es apenas un reflejo del deterioro moral de la sociedad colombiana, que parece unida más por una red de complicidades, que por un tejido de solidaridades".
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