Como una idea de representación, que surgió de un concepto democrático, se creó el Parlamento Andino para que "los pueblos de la Comunidad Andina" pudieran tener injerencia en los asuntos de la integración entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Sin embargo, como muchas ideas, hoy este organismo, con más nombre que funciones, se debate entre la sostenibilidad y su desaparición.
Su historia suma hoy 44 años desde que se ideó en el Acuerdo de Cartagena y 33 desde que se constituyó formalmente entre el entramado del sistema andino (ver recuadro). Desde entonces, la academia ha puesto en duda su pertinencia, pero rara vez se ha puesto en tela de juicio su continuidad por parte de los gobiernos.
La semana pasada, el gobierno colombiano revivió el tema y lo puso sobre la mesa en la reciente reunión de Unasur.
El presidente Juan Manuel Santos, su canciller María Ángela Holguín y toda la diplomacia colombiana en el área andina llegaron con la idea de suprimir ese cuerpo de deliberación, pues su costo llega a los 35.000 millones de pesos.
"Con el presidente del Perú, Ollanta Humala, comentamos las decisiones que tomó recientemente en la Comunidad Andina de Naciones, previas a abolir el Parlamento Andino. Consideramos que ese Parlamento ya no tenía razón de seguir existiendo, era muy costoso y creo que esa fue una decisión importante", indicó Santos.
Se trata de un proceso de enmarcado en la "reingeniería de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)", agregó el mandatario colombiano. "Queríamos reducir el número de consejos, había más de 110 consejos, aparte de la Comunidad, los redujimos a cerca de diez, o sea eliminamos como cien para hacer de lo que queda de la Comunidad algo efectivo y práctico para los países miembros".
Según el analista político, Andrés Mejía Vergnaud, el Parlamento Andino "no tiene función, no tiene capacidad para tomar decisiones vinculantes, obligatorias. Por llamarse parlamento se supondría que tiene importancia, con algo similar a decisiones con fuerza de ley, pero realmente es un espacio casi que de tertulia".
Dos de las funciones más relevantes, indicadas en el Acuerdo de Cartagena, apoyan lo señalado por Mejía. Por un lado, "formular recomendaciones sobre los proyectos de presupuesto anual de los órganos e instituciones del Sistema, que se constituyen con las contribuciones directas de los Países Miembros". Y por otro, "sugerir a los órganos e instituciones del Sistema las acciones o decisiones que tengan por objeto o efecto la adopción de modificaciones, ajustes o nuevos lineamientos generales con relación a los objetivos programáticos y a la estructura institucional del Sistema".
Sin embargo, para Alexandra Moreno Piraquive, senadora colombiana y miembro de la comisión que se encarga de los asuntos internacionales, "es un error eliminar el Parlamento".
"Debería emprenderse un proyecto encaminado hacia lo que es el Parlamento Europeo, que tenga incidencia y coherencia en lo que debe ser la integración y su futuro. La idea es que se amplíen sus funciones, para que se genere obligatoriedad para las naciones que hagan parte", agregó la congresista.
Para que el Parlamento Andino se pueda eliminar es necesario que se reforme el Acuerdo de Cartagena, cuestión que será desarrollada por una comisión de los países miembros para que puedan ponerles su firma los mandatarios y hacerlo oficial.
Pico y Placa Medellín
viernes
no
no
