El pasado lunes 15 de abril el Gobierno finalmente presentó su anunciado plan de choque, que ha denominado "Plan de impulso a la productividad y el empleo (PIPE)".
El Plan cubre, además de la industria y la agricultura, otros sectores, como la construcción y la infraestructura. Igualmente, no sólo quiere solucionar los problemas de corto plazo, como la revaluación del peso, que afectan la marcha de los sectores transables, sino que se busca impulsar la generación de empleo y fortalecer la eficiencia del aparato productivo.
Desde el punto de vista de los recursos fiscales que demanda el Plan, la construcción recibirá un poco menos del 50 por ciento de los mismos. Para la industria se destinarán 1,2 billones de pesos y para la agricultura 500.000 millones.
El otro grupo de medidas, denominadas transversales, entre las cuales se encuentran la destinada a aumentar la demanda de dólares y conseguir una mayor devaluación de la moneda y los recursos para fortalecer la lucha contra el contrabando, favorecen de manera importante a los sectores manufacturero y agropecuario.
La distribución de los recursos del Plan deja en claro que el Gobierno tiene un interés especial en la generación de empleo. Es por ello por lo que más de la mitad de recursos del PIPE van a apoyar a sectores intensivos en mano de obra, como son la construcción y la infraestructura. De contera, y a través de las demandas por insumos, favorecerá al sector industrial.
El sector industrial se ve favorecido no sólo con una mejor tasa de cambio, sino también con la eliminación de aranceles para los bienes importados no producidos en el país y la reducción de los costos a la nómina. Igualmente, a Bancoldex se le entregarán recursos para apoyar el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas industrias por valor de 800.000 millones de pesos e INNpulsa Colombia contará con 40.000 millones para promover la innovación. De esta forma, la industria es otro sector que sale altamente favorecido con el PIPE.
Infortunadamente, esto último no se puede afirmar del sector agropecuario, pues, aunque la mayor devaluación del peso beneficia a las actividades transables y las medidas de reducción de los costos a la nómina favorecen aquellas actividades agropecuarias formales que, en su gran mayoría, coinciden con las transables, en la distribución de recursos es el que menos recibe.
Además, algunas de las actividades que se van a financiar con los 500.000 millones de pesos no tienen un impacto directo e inmediato en el sector. Este es el caso del Censo Agropecuario, cuya realización, entre otras cosas, ya se había anunciado para este año. La construcción de nuevas viviendas rurales, más que favorecer el crecimiento del sector, tiene impacto en el empleo y el bienestar de los habitantes rurales. Entre otros casos, se utilizan instrumentos aplicados de tiempo atrás.
Finalmente, aunque el Plan adopta algunas medidas que impulsan la productividad de la industria y la agricultura, está lejos de favorecer la implementación de políticas sectoriales activas con las cuales se asegure la capacidad competitiva del aparato productivo.
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