El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, a través de una carta abierta se pronunció sobre el escándalo que ha salpicado a las FFMM en los últimos días. El alto funcionario recordó que el espíritu de cuerpo debe servir para estar con el ministro de Defensa y con el presidente de la República y no para permitir la corrupción o las prácticas ilegales al interior de la institución.
“Es obligación constitucional que los militares y policías deban tener siempre un espíritu de cuerpo con el Ministro de Defensa y con el Presidente de la República. Una cosa es defender institucionalmente a la Fuerza Pública y otra cosa es permitir que la corrupción o las prácticas ilegales terminen haciéndole más daño que la actividad de los grupos armados ilegales”, dijo el vicepresidente.
Según el vicepresidente el poder militar está siempre al servicio del poder civil y no el poder civil al servicio del poder militar, “es por esto que los militares y policías deben entregar siempre la información que requiera, tanto el Ministro de Defensa como el Presidente de la República, en todo lo relacionado a la protección de la seguridad nacional, en la lucha contra los grupos armados ilegales, contra la corrupción y en la defensa de los derechos humanos”.
Así mismo, Garzón defendió a los medios de comunicación y a la sociedad civil, “quienes deben desarrollar mecanismos de control a las instituciones y a la actividad de cada uno de los servidores públicos. A mayor democracia, mayor participación y control de la ciudadanía”.
Además, recordó que todos los colombianos, incluidos los servidores públicos, “tienen derecho al debido proceso y ese derecho solamente lo pueden garantizar los fiscales, los jueces y los entes de control del Estado, que en sus investigaciones tienen el deber de demostrar que son más eficientes que los particulares”.
Al finalizar su carta el presidente pregunta sobre quiénes autorizaron los procedimientos ilegales denunciados por la revista Semana y “¿por qué no salieron por los conductos regulares? La población tiene derecho a conocer la verdad de todo lo que está pasando dentro de una política pública de Derechos Humanos”.
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