El proceder del Gobierno y la Justicia venezolana contra la oposición no está acorde con los principios que deben regir una democracia, lo que, unido a otros hechos como la nula separación de poderes o la asfixia a la libertad de expresión, dan cuenta del peligroso camino que recorre el vecino país.
La Fiscalía decidió el jueves someter a un juicio, claramente político, al líder opositor Leopoldo López. El presidente Nicolás Maduro lo sindica de incitar a las protestas contra el Gobierno. Estas como se sabe estallaron el 12 de febrero en Caracas por iniciativa de los estudiantes universitarios, si bien antes se habían vivido manifestaciones en San Cristóbal. Y por la violencia con que han sido reprimidas por la fuerza pública se registran 42 muertos, la inmensa mayoría de ellos de población civil, particularmente jóvenes. Sin embargo, el Gobierno se empeña en judicializar a López, excandidato presidencial y uno de los más visibles y férreos opositores de Maduro, como líder del partido Voluntad Popular, sindicándolo de "determinador en los delitos de incendio y daños, instigación pública y asociación delictuosa".
No es el único opositor detenido ni perseguido. También se registra la saña con que se acusa a la diputada opositora María Corina Machado, quien ha sido citada a declarar sobre un presunto plan para asesinar al presidente.
Meter la oposición a la cárcel y engrosar la lista de presos políticos es un paso más que da Venezuela en su tránsito de nación democrática a dictadura.
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