El secuestro, clasificado como delito de alto impacto, es, junto al índice de homicidios, el que refleja con mayor precisión la forma en que un país avanza o retrocede en materia de seguridad. El incremento del 32 por ciento en el número de casos denunciados en el último año, tras siete años consecutivos de descenso, prendió las alarmas y abrió un debate en el país en torno a la necesidad de introducir correctivos en la lucha contra el crimen.
Un análisis de los 282 secuestros registrados en 2010, realizado por la fundación privada País Libre, muestra la preocupante incidencia de ese delito en las regiones limítrofes con Venezuela, especialmente Arauca, donde el incremento fue del 350 por ciento. En Cesar y Norte de Santander, también fronterizos con ese país, los aumentos fueron del 43 y 20 por ciento, respectivamente.
No hay que forzar la mente para comprender el contexto que posibilita el accionar de los grupos armados ilegales, sean subversivos o delincuencia común, en una frontera extensa y porosa. De ahí que no se entiende que los planes para reforzar el control militar por parte de la Fuerza Pública colombiana, se hayan aplazado sin justificación alguna, salvo la de pensar que de esta forma el Presidente Santos haya querido bajarle tensión a la frontera, en su ánimo de normalizar las relaciones con el Presidente Chávez. ¿Será más importante una buena relación diplomática con el Presidente de la nación vecina o cumplir la Constitución de Colombia en cuanto a la protección de la vida, honra y bienes de todos sus habitantes?
El incremento del secuestro en las regiones fronterizas es la muestra palpable de que los problemas con Venezuela no han tenido cabal solución. Así como ha habido buenas intenciones para recuperar el intercambio comercial, sin que aún se hayan honrado los compromisos con todas las empresas, también tiene que haber muestras fehacientes de un control más estricto de la zona limítrofe para que no siga siendo el refugio de delincuentes.
Si bien el secuestro ha sido una de las prácticas más comunes de las Farc y el Eln para financiar su guerra contra el Estado colombiano, los golpes recibidos por estas organizaciones durante los últimos años, han hecho que se hagan visibles otros grupos armados que pretenden copar sus espacios e incursionar en acciones delictivas, como el secuestro exprés y la extorsión, para obtener recursos, al margen de su actividad central, el narcotráfico.
La situación en la zona de frontera con Venezuela, sobre la cual se han hecho desde el pasado reiteradas denuncias, incluso ante organismos como la OEA, sustentadas con pruebas contundentes, unida a una tendencia que comienza a evidenciarse sobre un incremento de los casos atribuidos a bandas de delincuencia común, exige por parte del Estado una definición de estrategias preventivas y represivas, urgentes y contundentes, que impida que el secuestro vuelva a atemorizar a los colombianos, impida su movilización y frene la inversión.
No podemos retroceder en la lucha contra un delito cuyo impacto económico y social es casi tan grande como el impacto emocional que genera en sus víctimas.
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