No se trata de ayudar a un "pobrecito"... Tampoco de una obra social ni de un acto de caridad. Es abrir los ojos y la mente a la idea de que una persona por tener una discapacidad no es un incapaz y que para las empresas, grandes o pequeñas, puede ser incluso más rentable vincular a quien tenga alguna limitación física, sensorial o cognitiva.
Un ejemplo claro de ello: Danny Rolando Meléndez , sordomudo de nacimiento, 36 años de ardua vida y quien es ejemplo de superación entre sus 240 compañeros de trabajo en la Cacharrería Bombay. Él no oye las expresiones de admiración ni los aplausos de ellos, pero responde con generosidad al afecto ganado.
Lleva dos años como empacador de insumos para confecciones. Toma bolsitas transparentes y en segundos mete botones con una agilidad pasmosa. Antes enfundaba panes en otra empresa, también fue conductor. Aprendió a leer los labios, a vocalizar palabras que no oye y hace seis años mejoró su escritura para comunicarse mejor con quienes no conocen el lenguaje de señas.
En un talonario se lee con pulso firme: "me siento contento, tranquilo, sé que soy capaz de hacer muchas cosas, aquí tengo muchos amigos". Después con señas dirá que con su trabajo hace feliz a su esposa y dos pequeños hijos. Siempre que habla o escribe termina con una sonrisa.
"Se ha integrado muy fácil con todos, es muy colaborador, respetuoso y le rinde muchísimo, porque ser sordo le da mucha concentración en lo que hace. No lo vemos distinto porque sea un discapacitado", cuenta Juan Henao Gaviria, jefe de Logística de Cacharrería Bombay.
Echando cuentas
Él fue quien tuvo la iniciativa de vincular a personas con alguna limitación física en algunas áreas de esta empresa, que vende 60.000 referencias en un almacén en el corazón de Guayaquil, en el centro de Medellín. Lo hizo movido por los notables beneficios tributarios que dispone la Ley 361 de 1997 y promueve la integración social de las personas con discapacidad.
La norma dispone que empleadores que deben declarar renta y ocupen trabajadores con una limitación comprobada, no inferior al 25 por ciento de la capacidad, pueden deducir el 200 por ciento del valor de salarios y prestaciones sociales pagados a esos trabajadores durante el año gravable.
Si una empresa vincula a una persona que se gana un millón de pesos mensuales, con prestaciones sociales asciende a 1,5 millones, es decir 18 millones anuales. Con el beneficio se podría deducir de la renta 36 millones de pesos. La misma fórmula es válida en Medellín para los impuestos municipales de industria y comercio, y avisos y tableros.
Discapacidad no es límite
En el caso de Pedro Barrera Guevara, gerente Regional de Autourbe, la iniciativa nació de una inquietud personal y la lógica funcional de vincular a una persona con alguna limitación física en un puesto fijo requerido para el monitoreo de alarmas en empresas y vehículos.
"Muchas veces descalificamos a las personas por tener una discapacidad, pero tienen todas sus facultades mentales y son personas muy comprometidas, tiene un sentido de pertenencia y responsabilidad admirables, porque han estado en una situación que los obliga a superar siempre retos", comenta Barrera, quien está decido a vincular más personas en esa condición cuando tenga vacantes en puestos de trabajo que lo permitan.
Así fue que hace 10 meses llegó a ser operador Nicolás Ochoa Bastillo , de 49 años, brazos fuertes, voz de locutor, amabilidad en cada gesto. Padeció polio a los 8 meses de edad y le dejó por secuela la inmovilidad en sus piernas, pero no las ganas de superarse, estudiar contabilidad, hacer una familia con Amparo, su esposa, quien no vio al discapacitado, sino a la persona.
"Aquí me tratan como un igual, hago mi trabajo con responsabilidad. La limitación que tengo me ha servido para demostrarme a mí mismo que puedo hacer muchas cosas, salir adelante", comenta Nicolás, quien fuera en 2006 el primer empleado con discapacidad en el país de los almacenes Homecenter, donde trabajó en el área contable.
Tanto Danny como Nicolás llegaron a tener sus trabajos actuales por la gestión de El Comité, entidad que lleva 40 años rehabilitando y buscando la inclusión de quien nació o adquirió una limitación.
Pero también, por la voluntad decidida de las empresas y sus directivos por romper con la exclusión social hacia personas que no son más o menos que otras, son diferentes, como lo somos todos, y son capaces de desempeñar cargos y funciones igual que cualquiera.
Un problema de ciudad
En Medellín las cuentas oficiales no se ponen de acuerdo en el número de la población discapacitada. Pero El Comité se queda con la estimación de unas 125.000 personas, teniendo en cuenta la incidencia entre el seis y el diez por ciento de la población con alguna limitación que calcula la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el nivel de desarrollo de los países.
Por eso entre los 246.000 habitantes que hoy buscan empleo en el valle de Aburrá (según el Dane) o el millón que son categorizados como inactivos, hay un número indeterminado de discapacitados que se rehabilitan y buscan una oportunidad laboral, como lo hicieron Danny y Nicolás, no solo por un ingreso, sino para cambiar su vida.
"Cuando a las personas con alguna discapacidad se les da la oportunidad de trabajar se comienzan a superar, buscan cualificarse más. Al tiempo cambia el rol en su familia, lo valoran más, es mucho más digno, mejora su autoestima", comenta la psicóloga Marta García, a cargo del programa de inclusión ocupacional y laboral de El Comité.
Pero además de que es un negocio redondo para las empresas, con todos los beneficios productivos y de clima laboral que conlleva, emplear a una persona con discapacidad es un alivio contra la desigualdad que campea en Medellín.
De hecho, las familias de personas con alguna limitación física, cognitiva o sensorial tienen tres veces mayor riesgo de caer en la pobreza que otras donde no los haya, pues el cuidado implica muchas veces que el cuidador deje de trabajar.
La opción está abierta y no es beneficencia, Danny y Nicolás son muestra de ello.
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