La Comisión de Seguimiento Electoral de Antioquia ordenó el traslado de 35 puestos de votación en el departamento por dificultades de orden público en municipios del Norte, Nordeste y Occidente.
Álvaro Córdoba, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Antioquia, explicó que esa determinación se tomó luego de conocer un informe presentado por la VII División del Ejército, según el cual habría riesgos en los municipios de Yarumal Ituango, Briceño, Frontino, Anorí y San Andrés de Cuerquia, por la presencia de organizaciones armadas en su jurisdicciones.
"La comisión consideró mejor retirar los puestos y trasladarlos a veredas más cercanas o a las cabeceras municipales y facilitar el transporte de los campesinos para que puedan votar", dijo Córdoba sobre la medida que afecta, con el mayor número de mesas trasladadas, a zonas rurales de Ituango y Yarumal.
Según el coordinador de la MOE, si bien no se trata de una amenaza directa contra el proceso electoral, la comisión consideró la presencia histórica de tres frentes de las Farc, uno del ELN y de bandas criminales, como un riesgo para el normal desarrollo de las elecciones.
Reportes de riesgo
La MOE también se refirió a la situación de riesgo por delitos electorales de cara a los comicios del próximo domingo, según las quejas que reportan las comunidades y que esa organización tramita ante las autoridades electorales.
Según Álvaro Córdoba, las quejas han sido menores en contraste con los sucedido para las elecciones del 9 de marzo.
"Ha bajado considerablemente el reporte de irregularidades con respecto al fraude, creemos que obedece a la relevancia que hay en los medios de los escándalos nacionales", dijo Córdoba.
El coordinador de la MOE en el departamento agregó, sin embargo, que la reducción en esos reportes no significa necesariamente que no se están presentando irregularidades.
Según su argumento, existe una línea delgada entre las obras de gobierno y la indebida participación en política de los funcionarios locales y seccionales.
"Es muy difícil diferenciar una acción de gobierno y de proselitismo. Como la norma no define claramente esa línea, no ha habido tantas quejas. Sin embargo, lo que se movió para el 9 de marzo también tendrá que medirse ahora porque ellos van consolidando su caudal en las regiones hacia 2015", explicó Álvaro Córdoba.
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