La extinción de dominio de Drogas la Rebaja parecía ya olvidada, completaba casi una década desde el día que se anunció el inicio del proceso.
Esta semana la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación lo reactivó y anunció que el caso pasaría a manos de un juez para que tomara la decisión.
El martes pasado la Fiscalía solicitó la extinción del dominio de 883 bienes de esta cadena tras los cuales, considera, se mantenían vivos los dineros ilegales que en otrora hicieron brillar el nombre de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del desaparecido Cartel de Cali.
Julián Quintana es quien desde hace un año dirige la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. En sus hombros reposa el peso de hacer efectiva la llamada priorización a la que ha hecho referencia el fiscal general, Eduardo Montealegre.
“Este caso hace parte de esos procesos que llevan mucho tiempo empolvados, sin que hubiera una decisión de fondo y a los que el Fiscal General le ha puesto especial atención”, señala Quintana.
De Drogas La Rebaja hace mucho tiempo no se hablaba ¿por qué la decisión de la semana pasada?
Se dio gracias a la priorización. Este caso viene desde 2003 y desde entonces se hablaba de los presuntos nexos con el cartel de los Rodríguez Orejuela.
Pero se creía que La Rebaja estaba saneada… ¿no?, incluso que había sido sacada de la lista Clinton.
Hay que entender que la Lista Clinton no tiene relación con la responsabilidad que se busca en Colombia. Las negociaciones que se dieron en Estados Unidos con los Rodríguez buscaban que sus familias y sus bienes fueran excluidos. A la par de esto, en el país se ha seguido buscando la responsabilidad de familiares, directivos y testaferros.
¿Cómo se dio esa operación?
La priorización de delitos permitió crear un grupo especial de 25 funcionarios quienes tuvieron el caso de Drogas La Rebaja como única prioridad. Además contamos con la cooperación de la Dian, la Uiaf y la Policía, entre otras entidades. Esto permitió actualizar este caso. Así pudimos hacerle seguimiento a los bienes que hacen parte de esa cadena en la actualidad.
¿Cuánto tiempo les tomó esta investigación?
Después de 10 años priorizamos la investigación y en casi dos años tras recopilar las pruebas y hacer los informes contables, se estableció que en esta empresa seguían existiendo dineros ilícitos.
Ustedes hablaron de 883 establecimientos de comercio, ¿todos vienen de la década los 80 o 90?
No. En ese tiempo eran 344…
¿Entonces de dónde salen los 883?
Lo que sucedió es que los herederos del Cartel de Cali, tratando de romper el vínculo con el dinero ilícito se asociaron con empleados a quienes les pidieron crear una cooperativa. Así nació, en 1996, la cooperativa Copservir, con ello quisieron lavar el dinero y el nombre de la compañía. Desde entonces se quiere hacer ver como un establecimiento lícito.
Se habla de que había empleados que tenían conocimiento de este hecho…
Lo que se pudo constatar es que los empleados tenían pleno conocimiento de que todos esos negocios venían de dineros ilícitos; del narcotráfico. Eso está plenamente comprobado.
¿Quién controlaba las operaciones?
Lo seguían teniendo los Rodríguez Orejuela, a pesar de los contratos que se tenía de por medio. Esto permite entender que los dineros, los dividendos de este negocio lo seguían teniendo los Rodríguez.
¿Tienen ustedes la certeza suficiente para no temer de que el caso se les caiga al llegar al juzgado?
Nosotros tenemos el acervo probatorio para demostrar ante los jueces que estas droguerías tienen dineros del narcotráfico, por lo que tienen que ser extinguidas. Ya serán los jueces los que decidan si nos dan la razón a nosotros o a La Rebaja.
¿Cuántas personas podrían estar involucradas en este lavado de dinero?
Hay que recordar que para la época, cuando se hablaba de 334 establecimientos comerciales (hoy son 883 establecimientos), eran 76 socios. A esos socios debemos investigarlos inexorablemente. Por ahora tenemos a las máximas cabezas, lo que sigue es investigar a esos otros 73.
¿Cómo se dio el paso de esos 334 establecimientos a 883?
Lo que ha sucedido es que con el tiempo se ha dado una mezcla de recursos lícitos con ilícitos; todo para crear nuevos establecimientos y dar la apariencia de que es dinero lícito. Ese fenómeno lo detectó la Fiscalía.
Ustedes hablan de familiares de los Rodríguez y de narcotráfico. ¿Quiere decir que siguen las nuevas generaciones de los Rodríguez enviando cocaína u otras sustancias Estados Unidos?
Lo que pasa es que el narcotráfico es un delito de conducta permanente. Eso quiere decir que si en 1980 tengo X cantidad de dinero producto del narcotráfico y lo empiezo a transformar, hasta el día de hoy es lavado de activo. La transformación y ocultamiento es un delito así se quiera aparentar que el dinero es lícito.
¿Para este proceso se habló con los Rodríguez en Estados Unidos?
Ellos han dicho en sus declaraciones que a través de Drogas la Rebaja lavaron más de 2.000 mil millones de dólares. En Estados Unidos aceptaron su responsabilidad. Lo que pasa es que la cooperativa quiera hacerse ver como lícita, y realmente es de los Rodríguez Orejuela.
Usted dice que hay dineros lícitos e ilícitos y habla de 20 millones de dólares ¿qué porcentaje corresponde a licitud o ilicitud?
Acá hay una cosa clara y es que de esos 883 establecimientos algunos se hicieron con la rentabilidad de los 334, y esa mezcla hace que todos entren en la causal de extinción de dominio.
¿Qué va a pasar con los aportes de los socios cuya parte pueden ser de dinero legal? Van a pagar justos por pecadores…
Todo eso está bajo análisis. En una segunda etapa estamos verificando si los dineros de los socios son producto o no del narcotráfico. Por ahora, estamos hablando de que los establecimientos son producto del narcotráfico, falta ver si lo mismo pasa con los aportes de los socios.
¿De cuántos socios estamos hablando?
Más o menos de 50 mil. La idea no es cometer injusticias.
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