Contando únicamente cinco de los casos más sonados de 2013 por presunto detrimento patrimonial en Medellín, la ciudad tiene embolatados 15.881 millones 932 mil pesos que salieron de los bolsillos de sus habitantes. Y eso que, como dice un conocido refrán popular, "faltan datos de otros municipios".
De acuerdo con los reportes hechos por el contralor municipal Juan Carlos Peláez, durante el año pasado, a los 1.500 millones de pesos que la entidad pretende recuperar por la presunta responsabilidad fiscal en la irregular construcción de la estación San Pedro de metroplús, hecho por el que hay seis personas implicadas, se les deben sumar los 37 millones 932 mil pesos que tendrían que devolver el exgerente de Une, Horacio Vélez de Bedout, así como el exvicepresidente financiero de esa empresa, Cristian Toro, y el director administrativo Luis Felipe Giraldo, si se ratifica el fallo que en primera instancia recibieron en su contra por firmar un contrato con una empresa de cazatalentos para suplir el cargo de vicepresidente de recurso humano.
Agréguele los 2.383 millones de pesos que resultaron de un hallazgo fiscal del ente de control en una vigilancia a la Secretaría de Educación, por la irregularidad que encontraron en la contratación del servicio de aseo en cinco instituciones educativas, en periodos de receso escolar.
Pero no es todo. A lo anterior, encímele, los 1.723 millones de pesos que andan perdidos por la negociación de dos lotes en la vereda Manzanillo, del corregimiento Altavista, ordenada por la Secretaría de Infraestructura, y que por considerarlos "inútiles y sobrevalorados", además de tener origen oscuro, el alcalde Aníbal Gaviria destituyó al líder de esa cartera, José Diego Gallo, y remitió el caso a Contraloría.
Para rematar, este ente informa que podría haber un posible detrimento patrimonial por 10.238 millones en el Municipio por el pago aún pendiente de las obligaciones urbanísticas por suelo de los dueños de diez licencias para proyectos urbanísticos que ya fueron comercializados.
Todo esto ocurre mientras la Administración municipal y las entidades de vigilancia realizan numerosos esfuerzos para minimizar los riesgos de corrupción en las instituciones oficiales, como lo reconoce la investigadora Ana María Páez, de la Corporación Transparencia por Colombia.
Esta organización no gubernamental realizó en 2013 un diagnóstico solicitado por la Alcaldía, con el fin de identificar "qué tan efectivos, eficaces y transparentes eran los procesos de contratación en el municipio", explica Ana María, quien agrega que su labor se concentró en las tareas de prevención en el interior de las dependencias oficiales.
¿Qué encontraron?
Uno de sus principales hallazgos, de acuerdo con la investigadora de Transparencia por Colombia, fue que las vicealcaldías tienen funciones más misionales que de contratación y, por tanto, en sus conversaciones con las distintas secretarías, pese a ser cercanas y con bastante flujo de información, no queda claro quién es el líder que toma las decisiones finales al momento de firmar un contrato para un requerimiento específico.
"Cuando hay tantos trámites, los procesos se alargan y hay una vulnerabilidad más grande a la corrupción. Existen muchas instancias de control, lo cual puede ser algo positivo, pero también negativo, porque terminan siendo demasiados mecanismos de restricción", dice Ana María Páez.
Otro de los diagnósticos para revisar por parte de la Administración, por sugerencia de Transparencia por Colombia, es la confusión que existe sobre las funciones que se le han encargado a la Secretaría de Servicios Administrativos, ahora única responsable de la adquisición de bienes para el Municipio, lo cual se demostró en el reciente caso del intento de compra de lotes por parte de Infraestructura Física. "Es una modificación que genera resistencias, ni políticas ni negativas, sino de apertura al cambio", añade la representante de la organización.
La recomendación final que le dio la Corporación a la Alcaldía fue que tenía que prestarles mayor acompañamiento a los funcionarios para fortalecer los controles de vigilancia de los procesos contractuales, capacitándolos y entregándoles la suficientes información, en especial a quienes lideran las acciones de tomas de decisiones.
Y es que si bien, Medellín, como concluye Ana María Páez, lidera programas anticorrupción en el país, el concejal Bernardo Guerra sostiene que en cualquier momento se pueden destapar hechos que escandalicen a la opinión pública, como ocurrió recientemente en Bogotá: "Es imposible cuantificar cuánto dinero pierde la ciudad cada año por corrupción, pero lo que sí le puedo asegurar es que no existen suficientes controles en el interior de la Administración y nadie responde por eso. Existen casos emblemáticos como el detrimento patrimonial millonario en UNE, los evidentes hechos de corrupción en el caso del destituido exsecretario Gallo, lo que ocurrió en el programa de restaurantes escolares, que un contratista se ganó una licitación por seis mil millones de pesos y no ejecutó el contrato", denunció.
"No hay confianza"
Cada uno de estos hechos de corrupción van haciendo mella en la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones públicas, sostiene Piedad Patricia Restrepo, Coordinadora de Medellín cómo vamos, que sirve como termómetro para medir la percepción de la calidad de vida en la ciudad, por medio de encuestas anuales efectuadas en cerca de 1.500 hogares.
En el último procedimiento, realizado entre agosto y septiembre de 2013, Piedad cuenta que solo tres de cada diez habitantes aseguró que la Administración es transparente, lo que demuestra que son pocos los que confían en el buen actuar de los funcionarios que sirven al Municipio.
"En términos de gestión pública, la ciudadanía no capta bien lo que hace la Alcaldía. No sabe cuáles son sus acciones prioritarias, ni en qué invierte los recursos públicos. Una lectura es que la Administración no está comunicando efectivamente, por lo menos prioritariamente, en lo que está trabajando. Si la gente no sabe eso, piensa que no está siendo transparente", sostiene Piedad Patricia, quien resalta que la actual Administración ha tenido muy buena disposición a recibir este tipo de posiciones, y no objeta los comentarios negativos que pueda recibir por estas gestiones.
Procesos en curso
Consultado sobre la posibilidad de que funcionarios con altos cargos en el Municipio estén involucrados en hechos relacionados con corrupción, el contralor Juan Carlos Peláez cuenta que además de los ya mencionados, no podría decir si determinada persona está siendo investigada.
Peláez advierte que la mayoría de los casos en los cuales la entidad que dirige ha proferido fallos o controles de advertencia, se deben a falta de planeación y de interventoría, tanto por las secretarías como por los entes descentralizados, lo que conlleva a que en ocasiones se autoricen pagos que no están contemplados en los contratos. Cita un ejemplo: el ocurrido el año pasado en la Secretaría de Educación, donde se demostró que estaban cancelando el valor por la prestación de servicios de aseo en épocas vacacionales.
Por su parte, el Personero de la ciudad, Rodrigo Ardila, comenta que en su vigilancia de la conducta oficial se han encontrado con muchas situaciones que tienen que ver con irregularidades en la contratación administrativa y violaciones a los principios de la firma de contratos por el Estado.
En su despacho, informa Ardila, también tienen en curso una investigación por la liquidación irregular de las obligaciones urbanísticas, así como la denuncia vigente contra José Diego Gallo, la cual ya llegó a su escritorio.
Si bien dentro de las competencias de la Personería no se encuentra la vigilancia del erario público, este organismo sí puede, en sus pesquisas, encontrar hallazgos que le deben ser transmitidos a la Contraloría para su verificación.
"Por hechos como éstos, podemos desde inhabilitar al funcionario que incurra en una falla hasta su posible destitución. Hasta ahora, durante mi gestión (desde 2012) no ha habido casos relevantes", cuenta el Personero.
La tarea, concluyen las fuentes consultadas, implica no solo a las autoridades de control. La ciudadanía, en este caso, también debe estar vigilante, y demostrar con hechos que, si como lo advierte el programa Medellín cómo vamos, cerca de la mitad de los habitantes no confía en las instituciones públicas, con mayor razón debe estar atenta para que sus recursos no se estén desviando del real objetivo: mejorar las condiciones de la calidad de vida en la ciudad.
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