El Presidente Santos les cumplió a los habitantes de la comuna 13 con la visita prometida y si bien no trajo bajo el brazo el paquete de soluciones concretas que la gente esperaba, no hay duda de que su presencia dejó el mensaje que Medellín reclamaba en torno a un tratamiento estatal para el asunto de la seguridad.
Estatal, en tanto a la voluntad política para hacer las reformas en el ámbito legal para judicializar las actuaciones que allí protagonizan los miembros de combos y bandas criminales. Decisión que sin duda tendrá más fondo y largo aliento que las medidas represivas y de choque que muchos reclaman, y que en el pasado no han dado los resultados esperados.
¿Y mientras se aprueban las reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, qué hacemos? Es una inquietud válida. Sobre todo si lo único concreto es la organización de un cuerpo de 400 patrulleros, con un carácter de Policía cívica. Son muchachos pertenecientes a la zona que pasaron por un proceso de resocialización y que retornan como promotores de vida y ejemplo para los demás jóvenes, cuyo "modelo" hoy en día lo marcan los pillos.
Ojalá su labor tenga todo el acompañamiento para evitar que se conviertan en carne de cañón. Es una decisión, seguramente bien calculada, pero que despierta prevenciones y temores en torno al riesgo que asumen estos jóvenes. Confiamos en que cuenten con el respaldo de la Alcaldía y los demás organismos de seguridad.
En reiteradas ocasiones hemos dicho que frente al problema de la comuna 13, y de otras comunas de Medellín, y demás ciudades del país, aunque en el fondo hay un asunto de legalidad, de orden y autoridad, la solución tiene que ser integral. El remedio tiene que ir más allá de las buenas intenciones y de la loable invitación a la comunidad para que colabore con las autoridades, pero también tiene que rebasar las simples medidas represivas.
Un primer paso para que el Estado recobre el poder en las comunas, frente a quienes perturban el orden público, buscando asumir un control territorial para venta de drogas y cobro de extorsiones, es que las leyes sean aplicadas con rigor, mediante el fortalecimiento de la Justicia. Es bueno que haya más presencia policial, pero se necesitan más fiscales y mayor capacidad institucional y técnica de los organismos de investigación criminal.
Sólo así no se hará larga la espera mientras se procede a las reformas constitucionales que amplíen las penas para el porte ilegal de armas y la pertenencia a grupos armados ilegales que extorsionan y desplazan, y se judicialice, realmente, a quienes cobran "vacunas". Y no a quienes las pagan por temor a morir, lo que suena absurdo.
Mientras tanto, acciones como la creación del Centro Integrado de Intervención, que permite a los ciudadanos de la comuna 13 contar con presencia institucional de las agencias de seguridad del Estado y con la oferta de los servicios sociales de la Administración Municipal; las inversiones previstas en el Proyecto Urbano Integrado (PUI) para obras de infraestructura y los constantes operativos conjuntos de Ejército y Policía, son acciones bien encaminadas y que, como parte de un todo, apuntan a una solución.
La historia de la comuna 13, en una lectura más pausada y de largo plazo, nos dirá que sólo una combinación de esfuerzos estatales y municipales, coordinados y comprometidos, en Justicia, Fiscalía, Fuerza Pública e intervenciones sociales, vencieron el reto del narcotráfico al trasladar su negocio del campo a las ciudades.
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