Acosados por la presión social y por la indignación ciudadana, tras dos suicidios en unas semanas por desespero de perder su casa por culpa de la crisis, el Gobierno y el Partido Social Obrero Español, Psoe, lograron ayer un acuerdo que frene el drama social de los lanzamientos.
Así lo aseguró la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , quien dijo que para que entre en vigencia deberá ser aprobada la medida este jueves por el Consejo de Ministros.
Se trata de cambiar el procedimiento legal para sacar de la casa a las personas que tengan atrasos en sus deudas hipotecarias, entre ellas a miles de latinoamericanos e inmigrantes, que llegaron con un sueño de vida pero ahora tienen que entregarlo todo. Incluso, la propia banca decidió ayer congelar por dos años estas deudas para darle un compás de espera a estas familias.
La vocera del Gobierno explicó que el acuerdo no tendrá carácter retroactivo y sería aplicable a hipotecas firmadas, pero no a las que están en proceso de ejecución.
"En España predomina la vivienda propia aunque en Europa es más común la vivienda en alquiler. Pero la indignación de los ciudadanos radica en que muchos de los bancos que fueron rescatados hace poco con dinero público, ahora son los que encabezan los lanzamientos a las familias", dijo a este diario Florencio Sánchez , director de la agencia española Vasco Press.
La propuesta del gobierno plantea un paréntesis de dos años, hasta que las familias se recuperen económicamente, es un tiempo muerto para que superen la crisis y puedan retomar la obligación.
"Es una realidad que nos afecta a todos, tenemos un indice de paro del 25 por ciento, superior al de Portugal. Aunque 400.000 personas han perdido su vivienda en lo que va de crisis, lo más grave corre por cuenta de las empresas inmobiliarias y de las firmas constructoras, las cuales se endeudaron enormemente y ahora no tienen cómo responder", agregó el señor Sánchez.
Compás de espera
Precisamente, la Asociación Española de Banca (AEB) anunció ayer el compromiso de sus asociados de paralizar los desalojos durante los dos próximos años, a las que se sumaron también las cajas de ahorro. Cabe aclarar que la ejecución forzosa de hipotecas no está regulada a escala europea y es, por tanto, competencia de los Estados miembros.
Solo en el primer semestre de 2012 se han realizado 48.213 ejecuciones hipotecarias, paso previo al desahucio, esto es un 14,1 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, según la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
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