La extradición a Estados Unidos de jefes guerrilleros es uno de los asuntos pendientes por definir frente a decisiones por venir en el proceso de paz. Más ahora, tras el tercer acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc sobre solución a cultivos ilícitos.
Durante los seis meses que duró la discusión del tema en la mesa de negociaciones se consideró que las acusaciones por narcotráfico de Estados Unidos podrían ser un obstáculo para avanzar en la negociación de la agenda.
Estados Unidos, cuya agencia antinarcóticos (DEA) ha calificado a las Farc como el "cartel narcotraficante más grande del país", mantiene en su lista de objetivos por narcotráfico a 13 jefes guerrilleros y desde 2006 solicitó a unos 50 insurgentes en extradición. Varios de ellos murieron en operaciones militares o fueron capturados.
El Departamento de Estado ofrece hasta cinco millones de dólares de recompensa por sus máximos líderes, alias "Timochenko" e "Iván Márquez". Este último, líder del equipo negociador de la guerrilla en los diálogos. También solicita en extradición a otros delegados en La Habana como alias "Fabián Ramírez", Omar Restrepo y Adán Jiménez.
Para personas que siguen de cerca las negociaciones como el senador del partido de la U, Roy Barreras, el interés de la paz prevalecerá sobre ese mecanismo de cooperación judicial. "La extradición en este caso es una facultad discrecional del Presidente y deduzco que en un ambiente de búsqueda de la paz se debe garantizar la seguridad jurídica, una vez la guerrilla se desarme y se desmovilice".
Barreras, ponente del Marco Jurídico para la Paz, pendiente de la ley estatutaria en el Congreso, que definirá las penas alternativas y beneficios jurídicos, precisó que esta "no contempla la revisión de la extradición de los líderes de las Farc".
Agregó que seguirá siendo una herramienta judicial, aunque dice que una cárcel en el exterior "dejó de ser un castigo temido y ahora sirve para conseguir beneficios legales y penas blandas en Estados Unidos".
A juicio del abogado penalista Germán Navarrete, "la facultad discrecional del Presidente en el caso de los guerrilleros será definitoria porque no existe tratado de extradición vigente, sino que hoy se aplica un principio de reciprocidad jurídica".
Hasta ahora, el Gobierno solo se ha referido al tema al pedir a la Fiscalía suspender más de 200 órdenes de captura y trámites de extradición contra unos 30 subversivos que negocian en Cuba, que permitieron su salida del país durante los dos años de acercamientos y diálogos en La Habana. Aunque la extradición no hace parte de la agenda de la mesa de negociación, los jefes de las Farc han cuestionado la política de represión y el modelo de la lucha antidrogas de Estados Unidos, así como su "intervencionismo" en Colombia.
Además de rechazar ser narcotraficantes (reconocen solo cobrar gramaje), con esos argumentos insisten a Estados Unidos en un "indulto" para alias "Simón Trinidad", pendiente de un nuevo juicio por narcotráfico
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