Este martes, antes de iniciar la sesión de conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, la delegación negociadora de la guerrilla tocó el tema de la explotación minero–energética, pidiendo al Gobierno que ponga mayores restricciones al tema, garantizando el respeto al medio ambiente y a los territorios de las comunidades indígenas.
Esta petición la hacen en el marco de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular que terminó el pasado 17 de marzo, en la cual se formuló un pliego de peticiones al Gobierno Nacional entre las que incluye “el acceso democrático a las riquezas minero-energética en un plano de respeto por los bienes de la madre tierra”, cuya explotación “debe ser consultada a las comunidades y desarrollada con sentimiento de patria y ejercicio de independencia”.
Según la declaración hecha por el negociador Ricardo Téllez, alias 'Rodrigo Granda', es precisamente el “saqueo de nuestros recursos naturales y la nefasta gestión” lo que ha conducido a “la generación de negativos impactos ambientales que ponen en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad”.
En este sentido, las Farc respaldan la petición de la Cumbre Agraria de “cesar la persecución y criminalización que se ha desatado contra los pequeños mineros para satisfacer a las empresas transnacionales que se enriquecen con la depredación de nuestros bienes comunes”.
Esto implicaría la construcción de un nuevo modelo minero-energético que beneficie a todos, “mediante el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas”.
Para ello, habría que plantear una nueva política nacional minero– energética “mediante un ejercicio de legislación popular e incluyente con participación efectiva de las comunidades y de los pequeños mineros tradicionales”, dentro de la que se consideraría un nuevo modelo de redistribución de las rentas petrolera y minero-energética, que atienda a las comunidades y la inversión social.
Mientras tanto la concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques petroleros se vería frenada, hasta que se defina esta nueva política que garantice condiciones de explotación minera benéficas para el conjunto de la sociedad.
En los casos donde haya habido algún deterioro ambiental, detrimento de los recursos de la nación o violación de los derechos de los trabajadores, las concesiones de explotación, tendrían ser retiradas. Lo mismo tendría que pasar con los títulos mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, indígenas y afros “sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada”.
Este pliego de peticiones también exige que se suspendan “los mega-proyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y sus comunidades y promover alternativas energéticas con tecnologías apropiadas y limpias”. Para ello, se tendría que crear una “Comisión Nacional de Represas que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por estos mega-proyectos”.
Esto también exige la reestructuración de la fórmula que define los precios de combustibles en busca de “un costo de vida más equitativo, y la regulación ambiental de la extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos”.
En cuanto a las técnicas de extracción, el pliego de peticiones pide que se suspendan los proyecto de extracción petrolera que usan el mecanismo de fractura hidráulica o 'fracking' en la cual se inyecta a presión algún material en el terreno, con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, favoreciendo así su salida hacia el exterior.
Esto se solicita basándose en que algunos estudios han demostrado que los aditivos que se usan incluyen sustancias tóxicas, alergénicas y cancerígenas, dejando el subsuelo en condiciones irrecuperables.
Por esta razón, la petición final de este pliego en torno al tema de la extracción de recursos petroleros y mineros es que las personas y familias que hayan sido afectadas de alguna manera por este tipo de proyectos sean reconocidas y reparadas por el Gobierno Nacional.
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