Tras la polémica por las imágenes de una fiesta vallenata dentro de la cárcel La Picota, en la que habría participado el contratista Emilio Tapia y varios paramilitares, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario suspendió a dos funcionarios y anunció investigación interna.
El Inpec primero informó que autorizó la presentación musical como parte de las actividades de celebración del Día de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, el pasado 15 de septiembre.
Pero la filtración de videos a los medios, en los que se observa cantando y consumiendo bebidas alcohólicas a Tapia y otros reclusos como Reginaldo Bray, condenado por el desfalco al Ministerio de Transporte en el escándalo de Dragacol y los exparamilitares José Gelves Albarracín, Juan Monsalve y Francisco Taborda motivó medidas más drásticas.
Según el Inpec, fueron suspendidos el comandante de vigilancia del centro carcelario y el subdirector del pabellón de Alta Seguridad, donde se llevó a cabo la fiesta, que contó con el ingreso de cinco músicos vallenatos.
"Se ordenó realizar una investigación preliminar para determinar si se realizaron acciones que atenten contra el reglamento interno del Establecimiento, en especial las que hacen referencia al uso de celulares y el ingreso de licor".
De acuerdo con denuncias de la revista Semana, la fiesta revela la corrupción dentro de la cárcel La Picota y los "lujos" que pagan los reclusos como Tapia, quien según internos citados en la publicación, organizó la parranda y con la complicidad de la guardia ingresaron whisky en botellas de gaseosas.
La denuncia de la revista sobre irregularidades en el pabellón de alta seguridad incluye testimonios, como el de un recluso, quien señaló que "desde que llegó Tapia el licor (whisky) es más caro. Una botella de esas ahora vale 650 mil pesos cuando antes costaba 300. Él encareció todo porque reparte mucha plata a los guardias y los acostumbró mal. Conseguir un BlackBerry ya no baja de 300.000 pesos cuando antes valía la mitad".
A Emilio Tapia se le procesa por el delito de lavado de activos y es uno de los testigos de la Fiscalía en el proceso del carrusel de las contrataciones en Bogotá.
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