La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que se adelantaba contra el registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, por las supuestas irregularidades que se habrían presentado en las elecciones a la Alcaldía de Cali de 2010.
El Registrador Nacional fue investigado por Martha Lucía Zamora, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por unos supuestos requerimientos de dinero para el proceso de revisión de firmas de Rodrigo Guerrero Velasco y Susana Correa Borrero, entonces candidatos a la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca.
Tras labores de policía judicial por parte del ente acusador, Zamora no encontró méritos para continuar con la investigación por los supuestos delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, concusión y alteración de resultados electorales.
En la decisión, de 32 páginas conocida por Colprensa, se expresa que no se encontraron los elementos necesarios para establecer que se cometió alguna conducta ilícita, aunque aclara, amparándose en una sentencia de la Corte Constitucional, que si surgen nuevos elementos probatorios la indagación podrá reanudarse.
La investigación inició en octubre de 2011, luego de que la Fiscalía 95 de la Unidad de Administración Pública de Cali compulsara copias para investigar a Sánchez Torres, por las supuestas irregularidades en las que habría incurrido durante el proceso de certificación de las inscripciones de los candidatos Correa Borrero y Guerrero Velasco. Los dos políticos habían manifestado que les habían hecho exigencias de dinero a miembros de las dos campañas, cifras que sumaban 40 millones de pesos y 200 millones de pesos, respectivamente, para corregir errores en las firmas presentadas.
Inicialmente, la Registraduría no aceptó las inscripciones y la Fiscalía empezó las indagaciones tras las denuncias públicas, entre estas un comunicado del presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre las supuestas irregularidades.
