El Gobierno de México admitió ayer que el narcotráfico sobornó a varios mandos de la Fiscalía General encargados de investigar al crimen organizado para obtener "información reservada por ley y datos de operativos" antidroga, lo que llevó al arresto de cinco funcionarios clave y a separar a 35 personas de sus cargos.
El cartel de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva llegó a pagar entre 150 mil y 450 mil dólares al mes a seis funcionarios, a cambio de "información reservada" y "datos operativos", declaró ayer el fiscal general, Eduardo Medina Mora.
La "Operación Limpieza", como se denomina la investigación, sigue abierta, pero por ahora revela que "había servidores públicos que entregaban información desde 2004 al cartel de Sinaloa".
Un funcionario mexicano no autorizado a revelar su identidad, dijo que un testigo protegido declaró a autoridades de México en su consulado en Washington que había logrado infiltrarse en la embajada estadounidense en la capital mexicana y pasó información de la DEA al grupo de los Beltrán Leyva, una división del cartel de Sinaloa.
Anthony Placido, funcionario de la DEA, agencia antidrogas de E.U., dijo que no estaba confirmada la versión y adelantó que no había planes de hacer cambios o traslados en la agencia.
Los infiltrados
Dos de los involucrados tenían altos niveles de responsabilidad en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo): Fernando Rivera Hernández, director general adjunto a cargo de Inteligencia, y Miguel Colorado González, coordinador general técnico del organismo. E.U. pidió la extradición de González.
Los demás son el ex agente de la Siedo Luis Manuel Aguilar Flores, y los ex agentes federales de investigación Antonio Mejía Robles y Jorge Alberto Zavala Segovia.
Otro miembro de la subprocuraduría identificado como Francisco Javier Jiménez Sánchez, alias "El Pinocho", está prófugo.
La Siedo la integran unos 400 servidores públicos y está encargado de combatir los carteles de la droga.
En los últimos meses ha aumentado la violencia en México relacionada con el crimen organizado, un hecho atribuido a las pugnas por el control del negocio de las drogas entre los carteles y a la presión del gobierno.
Según datos extraoficiales del diario El Universal, 4.104 personas han sido asesinadas en el país en lo que va corrido del año.
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