Quince personas serán vinculadas formalmente por la Fiscalía General de la Nación al proceso que se adelanta por las irregularidades que se presentaron en Interbolsa, entre ellos a Rodrigo Jaramillo Correa, presidente de la comisionista.
El ente acusador considera que tiene el suficiente material probatorio para imputarle a estas personas los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir. La audiencia se realizará en la última semana de junio.
Los investigadores que llevan el proceso consideran que estas quince personas estarían relacionadas con el descalabro de Interbolsa, a través de las acciones de la textilera Fabricato.
Además, el ente acusador tiene puesta la lupa en las supuestas irregularidades que se dieron con la Clínica La Candelaria I.P.S., de Bogotá, ya que considera que se presentó una operación no autorizada de triangulación cuando la clínica realizó un contrato de "descuento de flujos futuros" con la Sociedad Administradora de Inversión (SAI) de Interbolsa, a través del cual se entregaron 78 mil millones de pesos en octubre de 2012.
No obstante, dice la Fiscalía, el mismo día en que se hizo este movimiento, la clínica le prestó ese dinero al Holding de Interbolsa, que quedó como deudora de la SAI.
Junto con Jaramillo, la Fiscalía les imputará cargos al vicepresidente ejecutivo, Juan Camilo Arango Medina; al presidente de la Comisionista, Álvaro de Jesús Tirado Quintero; al director del Comité de Riesgos de la misma, Javier Tomás Villadiego Cortina; al gerente técnico, Juan Felipe Duarte Ruíz; al Presidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa, Jorge Mauricio Infante; a Claudia Jaramillo Palacios, comercial de la comisionista; y a María Eugenia Jaramillo Palacios, inversionista.
Igualmente, serán imputados Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment; Edwar Jhonatan Martínez, ordenante de esta empresa; los hermanos Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, representantes de la clínica La Candelaria; Emilio Martín Uribe, representante legal de Manantial SPV; y los hermanos Olbany y Jhon Alexander Muñoz Delgado, de la firma Giteco. El primero, representante legal y el segundo, asistente de Alessandro Corridori.
Para el ente acusador, el inversionista italiano Alessandro Corridori se convirtió en el accionista mayoritario de Fabricato, después de que supuestamente con dinero de los clientes de la comisionista fuera adquiriendo la empresa textilera.
