El precandidato presidencial por el Centro Democrático, Francisco Santos, pidió que el Marco Legal para la Paz, que en este momento está siendo estudiado por la Corte Constitucional, se caiga en su estudio de constitucionalidad, aseguró que el tribunal debe tomar decisiones en derecho y no políticas frente al tema.
“El Marco Jurídico para la Paz debería caerse en la Corte Constitucional porque es contrario a la ley de Justicia y Paz. Cualquier mirada constitucional por cuenta de los tratados internacionales que Colombia ha firmado hace que al Estado no investigar delitos, excluirlos y cesar procedimientos deja a las víctimas sin saber lo que pasó, las deja sin verdad, sin justicia y sin reparación”, dijo el ex Vicepresidente.
Santos expresó que la Ley de Justicia y Paz es apropiada para cualquier desmovilización de los grupos armados al margen de la ley.
“No se necesitaba otro ordenamiento jurídico como el marco legal para la paz, el Gobierno con esta iniciativa creó una impunidad absoluta. En la Ley de Justicia y Paz 78 mil víctimas asistieron a las audiencias de la Fiscalía, 28 mil víctimas enfrentaron a su victimario, 38 mil crímenes fueron esclarecidos entre ellos más de 25 mil homicidios. En la verdad se dio un paso como nunca en Colombia”, puntualizó el precandidato presidencial.
Según Santos, el Marco Jurídico para la Paz plantea en el artículo 69 transitorio la selección de casos, “solo analiza unos casos deja a los otros por fuera y crea una impunidad absoluta, es una obligación del Estado exigir el esclarecimiento de todos los delitos, hay que aclarar todos los hechos”.
El precandidato aseguró que no es enemigo de la paz y exaltó el proceso de desmovilización de los paramilitares que se dio durante los ocho años del Gobierno Uribe, “durante este proceso más de 53 mil hombres, 32 mil de los paramilitares y 21 mil de las Farc y el Eln, se desmovilizaron. La política era simple: se exigía un cese de acciones criminales como requisito para sentarse a negociar con los terroristas”.
Francisco Santos reiteró que si el Centro Democrático llega al poder exigirá una suspensión condicionada al diálogo, para que las víctimas se conviertan en centro del proceso, “suspenderíamos el diálogo con la condición de que para poder reanudar se necesita un cese unilateral de cualquier hostilidad, condicionado a una concentración de tropa y una verificación internacional”.
Y agregó que se contemplaría la justicia transicional porque es necesario que exista un tipo de pena que condene y obligue a pagar a los victimarios, “en el asunto de la elegibilidad, se contemplaría solo para aquellos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, aquellos que han cometido ese tipo de vejámenes no pueden pasar del monte al Congreso”.
El exvicepresidente aseguró que la Ley de Justicia y Paz fue la mejor frente a la desmovilización de grupos armados al margen de la ley y sostuvo que se tuvieron que aumentar sus plazos en el Congreso porque “pensamos que la justicia iba a operar más rápidamente, obviamente en un proceso de 30 mil desmovilizados no se solucionan de un día para otro”.
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