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HISTÓRICO
Funcionarios judiciales hacían tratos con la mafia
  • Funcionarios judiciales hacían tratos con la mafia | El hoy condenado Norbey Muñoz, durante una diligencia de exhumación en Medellín, como investigador del CTI. FOTO ESTEBAN VANEGAS
    Funcionarios judiciales hacían tratos con la mafia | El hoy condenado Norbey Muñoz, durante una diligencia de exhumación en Medellín, como investigador del CTI. FOTO ESTEBAN VANEGAS
Por NELSON MATTA COLORADO | Publicado el 17 de abril de 2012

El seguimiento secreto a dos fiscales de Medellín dejó al descubierto una trama de corrupción dentro de la Rama Judicial, pues se comprobó que uno era informante y asesor de una banda, y el otro lideraba una organización de investigadores que traicionaron a la justicia.
La situación llegó al punto que, desde dos despachos judiciales distintos, ya se emitieron cuatro condenas contra los funcionarios que se pusieron al servicio de la mafia.

Según uno de los expedientes que ya cuenta con fallo de primera instancia del Tribunal Superior de la ciudad (radicado N° 01825 de 2011), esta historia comenzó a tejerse a mediados de 2010.

En una reunión, el exempleado judicial Edwin Gómez Urrea y Esteban Benjumea Puerta, oficial mayor del Juzgado 20 Penal de Medellín, acordaron compartir información de audiencias reservadas (no públicas) “a efecto de sacarles provecho económico con la delincuencia involucrada”, dice la sentencia.

La ocasión para el ilícito se dio el 17 de junio de ese año, cuando la Policía allanó una vivienda en la calle 44 con la carrera 92 del barrio San Javier, encontrando un laboratorio de alucinógenos, cocaína, dinero y vehículos.
Los uniformados estaban detrás de los hermanos Josué Fabio, Juan Pablo y Jaime Arturo Osorio Osorio, de la banda ‘Los Triana’, con influencia en el área metropolitana.

Una vez realizada la audiencia de legalización del allanamiento, Benjumea le entregó a Gómez el CD con los pormenores del operativo, para que este lo negociara con los indiciados, que para esos días andaban libres.
A los Osorio les interesó el asunto y fue así como Gómez se convirtió en el enlace con los empleados del Palacio de Justicia, ubicado en La Alpujarra.

Benjumea pidió 70 millones de pesos para continuar haciendo los monitoreos del caso, pero los interesados le pidieron una rebaja a 60 millones y le enviaron un primer avance de 12, en dos contados.

La conspiración persistió durante los meses siguientes, los unos enviando plata, y los otros cediendo información privilegiada de las audiencias y del SPOA, una base de datos judicial cuyas siglas traducen Sistema Penal Oral Acusatorio.
El convenio se alteró una noche en el parqueadero de la Unidad Deportiva de Belén, donde Benjumea estaba nervioso y no le recibió a Gómez la cuota del soborno.

“Su tía, la Juez 14 Penal Municipal, lo había alertado (a Benjumea), dado que había tenido una audiencia reservada con un fiscal delegado ante el Tribunal, en la cual se ventilaban actos de corrupción al interior de la rama judicial, por lo que pensaba quedarse quieto un tiempo”, prosigue el documento.

El fiscal colaborador
Con el oficial mayor por fuera del tablero de ajedrez, los investigados tenían que conseguir otro contacto que les ayudara a estar un paso adelante de las autoridades. El recomendado por Gómez fue Ílbar Alfonso Delgado Ruiz, fiscal 93 Seccional de Medellín.

El funcionario de 52 años, oriundo de Chiquinquirá (Boyacá), tenía oficina en el piso 20 del Palacio de Justicia. Y no solo les entregó información del SPOA, sino que “se comprometió a emitir conceptos en los que manifestaría qué se podía hacer y qué manejo o estrategia se debía presentar en ese caso”, argumentó la propia Fiscalía, ente que investigó el caso.

El primer pago que recibió Delgado fue de 800.000 pesos. El fallo del Tribunal señala que en diciembre de 2010 o enero de 2011 hubo una reunión entre un abogado de los Osorio e Ílbar, en la que se dio “una especie de empalme”. Como el fiscal se comprometió a seguir monitoreando las pesquisas por el allanamiento, después Gómez le entregó 5 millones de pesos en un restaurante del Centro.

Pese a los intentos por torcer las indagaciones, el 9 de febrero de 2011 le cayó la roya a la organización. La Policía Antinarcóticos capturó a 23 integrantes de ‘Los Triana’, incluyendo a los hermanos Osorio.

Los resultados del procedimiento revelaron que las redes de corrupción de esta banda eran mucho más profundas, pues entre los arrestados estaban seis policías que la Institución había retirado dos semanas antes. El general César Pinzón, director Antinarcóticos de aquel entonces, calificó lo sucedido como “una vergüenza”.

Otro hallazgo preocupante del operativo se produjo en una urbanización de Envigado (calle 45Bsur con la carrera 37), donde capturaron a Wálter Londoño, apodado “El Lobo”, quien poseía un CD con los audios de 14 audiencias reservadas. Entre el público que presenció las diligencias de control de garantías de los detenidos, estuvo Ílbar Delgado, quizá sin predecir que los mismos que antes le habían pagado, lo iban a traicionar.

Se destapa la olla
El 22 de marzo siguiente, los Osorio manifiestan a la Fiscalía su interés de entregar “información que servía para desarticular bandas (...) y atacar la corrupción dentro de la rama judicial”, a cambio de beneficios.

El Tribunal expone que Jaime Arturo Osorio Osorio explicó en seis pasos “la forma como los funcionarios obtenían y vendían las audiencias, así: 1. Buscan información de gente que consideraban importante dentro de una estructura. 2. Los ubicaban de acuerdo a la información personal que tenían o a través de terceros. 3. Le daban un valor a esa información. 4. Cobraban por el seguimiento que le hacían a esa investigación. 5.  Ofrecían ayuda para terminar con la investigación o desviarla. Y 6. Alertaban sobre una eventual captura si falla lo anterior”.

En mayo, después de validar un preacuerdo entre los procesados y el ente acusador, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a los 23 miembros de ‘Los Triana’ a penas entre los 5 y 12 años de cárcel, por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes agravado y tráfico de insumos para producir alcaloides.

El 24 de octubre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturó a Delgado, quien en ese momento fungía de fiscal 220 Seccional de Bello; y a Benjumea, que ya no trabajaba en el juzgado, sino en la Defensoría del Pueblo como representante de las víctimas.

Pero ellos dos no fueron los únicos involucrados. El 2 de septiembre anterior habían arrestado a otros seis funcionarios: el fiscal especializado John Ramiro Monsalve Rojas; el asistente de fiscal William Ceballos Posada; los investigadores del CTI Norbeiro Romero Alzate, Gelber Darío
Robledo Cartagena y Norbey Muñoz Londoño; y el agente del DAS Marco Antonio Marulanda López.

A todos estos, pese a que en un principio rechazaron los cargos, un juez les dictó medida de aseguramiento intracarcelaria, con excepción del asistente Ceballos, quien quedó libre.

La banda de funcionarios
Néstor Novoa, director nacional de Fiscalías, declaró que, gracias a un anónimo que llegó a la entidad el 20 de agosto de 2010, descubrieron que los servidores al parecer vendían información reservada de procesos.

Y no solo eso. La fuente informó al CTI de Cundinamarca que dos funcionarios, apodados ‘Norbey’ y ‘El Doc’, pertenecían a una organización que traficaba con armas, explosivos y municiones para las Farc en Cundinamarca, Tolima, Valle y Antioquia.

En la sentencia de este caso (radicado 201080041), el Tribunal Superior explica que en las labores de seguimiento, se determinó que los alias citados eran del investigador Norbey Muñoz y John Ramiro Monsalve, fiscal 36 Especializado de la Unidad de Derechos Humanos.

“Existía un grupo que al interior de la Fiscalía, el CTI y el DAS se dedicaba a realizar (...) allanamientos y registros indebidos, basados en órdenes falsas, aparentando presencia de miembros de Policía Judicial que a la postre no estaban en cumplimiento de sus funciones, y quienes ofrecían dádivas a miembros de la Fiscalía en orden a no cumplir con sus funciones”.

Entre las acciones investigadas de la cofradía, liderada por el fiscal Monsalve, están un allanamiento ilegal a un apartamento de El Poblado (agosto 19/10), buscando plata; el fallido intento de extorsión a un ciudadano con una orden de captura falsa; y ofrecerle dinero a un criminalista para que “dejara tranquilo” el caso de una indiciada.

Condenados
Todos los sentenciados de esta banda se sometieron a un preacuerdo con la Fiscalía y los despidieron de sus cargos.

El 12 de diciembre de 2011, el Juzgado 19 Penal del Circuito (radicado 201186990) condenó a 5 años de cárcel y 4 años y cuatro meses de inhabilidad a Norbey Muñoz, natural de Caicedonia, Valle; y a Marco Marulanda, oriundo de Yumbo. Los cargos fueron concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

El exfiscal Monsalve recibió el 12 de marzo de este año la misma pena, proferida por el Tribunal, por los punibles de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y violación de habitación ajena por servidor público.

Por su parte, Delgado también preacordó por concierto para delinquir, cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático, asesoramiento y otras actuaciones ilegales y revelación de secreto.

Tal pacto se basó en lo siguiente: a cambio de una rebaja de la tercera parte de la condena, él aceptaría la culpa, reintegraría el dinero que la mafia le dio (5’800.000 pesos) a una cuenta del Tribunal y pagaría la totalidad de la pena tras las rejas (sin rebajas ni domiciliaria), razón por la cual fue transfer-ido a la cárcel de Itagüí.

En consecuencia, el 20 de marzo de 2012 lo sentenciaron a 5 años y 10 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilidad para ocupar cargos públicos. No obstante, el juzgador no quedó satisfecho con la pena acordada entre las partes, y con estas palabras lo estampó en su proclama: “(...) Por la gravedad de los delitos cometidos por este servidor público, se ha debido dar un tratamiento más drástico en atención a la afectación de la imagen, credibilidad y dignidad de la justicia con el actuar corrupto del acusado”.